OVIEDO, 30 de octubre.

La consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha afirmado este jueves que el Principado no tiene rol en el proceso de selección de la nueva directora del Centro de Innovación Territorial (CIT). Esta explicación surge en respuesta a los cuestionamientos del diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, durante la Comisión de la Junta General del Principado. Llamedo enfatizó que el Gobierno autonómico no fue responsable de establecer ni los criterios de contratación ni el salario que se ofreció.

Durante la misma Comisión, Cuervas-Mons provocó una polémica al acusar al Gobierno de Asturias de opacidad y de fomentar un sistema de colocación que favorece a sus aliados políticos. Citó el caso de Graciela Blanco, quien fue consejera y ahora ocupa el cargo al frente del CIT. Según sus palabras, “la vergüenza se ha perdido. Han manipulado los tiempos y los requisitos de forma que se ajusten perfectamente a la persona que quieren designar”.

El diputado del PP también alegó que el proceso de selección fue diseñado "a medida", pues solo se otorgaron diez días naturales para la presentación de candidaturas y se establecieron requisitos específicos para las titulaciones afines al perfil deseado. Además, mencionó un sueldo de 52.000 euros, subrayando que sólo cuatro candidatos se postularon, de los cuales tres fueron eliminados, dejando a la exconsejera socialista como única opción.

Cuervas-Mons exigió a Llamedo una aclaración sobre la discrepancia entre el salario estipulado por el Director General de Reto Demográfico, que era de 30.000 euros según un documento de julio, y la cifra de 52.000 euros presentada. “Ese informe pertenece a su propia consejería”, le recordó.

En su defensa, la consejera explicó que la diferencia entre los 30.000 y los 52.000 euros se debe al periodo de justificación de los gastos, y no indica un cambio en la política. “Es un asunto contable: los 30.000 euros eran un estimado para el resto del ejercicio, cubriendo solo los gastos del período actual, mientras que los 52.000 corresponden al salario anual previsto. No hay ninguna irregularidad”, aseguró Llamedo.

Además, rechazó las acusaciones del PP sobre el favorecimiento en colocaciones y defendió la transparencia del proceso de selección. “El Gobierno no interviene en la definición de los requisitos académicos ni en la duración de la presentación de candidaturas. El CIT es una herramienta esencial para promover la innovación y la cohesión territorial, y su gestión ha sido completamente transparente”, concluyó.