Gijón, 4 de noviembre. En una declaración contundente, el concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno gijonés, Jesús Martínez Salvador, ha denunciado la actitud del Ejecutivo asturiano, a quien acusa de obstaculizar el ambicioso Plan Llave, diseñado para abordar la crisis de la vivienda en la región.

Durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento, en el marco de una reunión de la mesa de contratación, Martínez Salvador ha subrayado la importancia del Plan, que tiene como objetivo principal incentivar la construcción de vivienda protegida en Gijón. El edil afirmó que el Ayuntamiento está preparado para relanzar la licitación de las parcelas de la fase 1 este miércoles, ampliando la oferta con terrenos adicionales que podrían generar un número significativo de nuevas viviendas.

Sin embargo, el concejal advirtió que la efectividad del Plan Llave depende del cumplimiento legal por parte del Principado. "Es imprescindible que la administración regional actualice anualmente los módulos de precio para la vivienda protegida, algo que no sucede desde hace más de dos años," criticó Martínez Salvador, insistiendo en que, sin este ajuste, no se podrán construir viviendas de protección en Gijón ni en el resto de Asturias.

El edil recordó que el año anterior se iniciaron 2.000 viviendas en el Principado, de las cuales solo 60 eran de protección oficial, lo que pone de manifiesto la escasa oferta de este tipo de vivienda y la urgente necesidad de cambios en la legislación para garantizar precios asequibles. "Si bien otros índices se ajustan con el tiempo, no entendemos por qué los módulos de vivienda protegida no siguen la misma lógica," argumentó.

Además, Martínez Salvador informó que, a pesar del interés demostrado en la primera convocatoria del Plan Llave, las ofertas recibidas no se adecuaron al nuevo anexo de modificación del pliego, que contemplaba un incremento escaso del dos por ciento. Por dicha razón, ningún proyecto pudo ser considerado válido.

El concejal expresó su firme intención de volver a presentar una convocatoria que ofrezca más oportunidades de construcción, destacando que el Ayuntamiento cuenta con terreno municipal suficiente para hacer frente a la demanda de vivienda protegida. No obstante, reiteró que esto es posible solo si el Principado colabora y ajusta los precios conforme al mercado actual.

Martínez Salvador catalogó como un significativo fracaso administrativo la incapacidad del Principado para ofrecer soluciones efectivas al problema del acceso a la vivienda, el cual considera uno de los más críticos en la sociedad contemporánea. El Ayuntamiento de Gijón se compromete a utilizar todos sus recursos para crear un entorno donde la vivienda sea accesible a los residentes de la ciudad.

Al hacerlo, pidió a las demás administraciones que cumplan su parte y se alineen con las necesidades urgentes de la población. "El futuro de 500 viviendas de protección en Gijón depende directamente de la acción del Principado en este mandato," afirmó.

En otro orden de cosas, apuntó que el modelo planteado por el Ayuntamiento se ajusta a las posibles subidas de precios, pero resaltó que si el Principado no se compromete a realizar las actualizaciones necesarias, "todo el esfuerzo será en vano." Esta falta de colaboración es otra de las razones que lo lleva a hablar de un posible boicot a un proyecto vital para la ciudad.

El edil argumentó que los índices deben evolucionar de manera objetiva, reflejando los costos reales de construcción. También puso de relieve un preocupante desequilibrio en el precio que paga el Principado por viviendas en licitación, donde se llegan a pagar más de 200.000 euros por unidad. Añadiendo el valor del suelo, el precio por metro cuadrado asciende a 3.000 euros, mientras que se exige a los constructores completar el proyecto por 2.100 euros. "Es evidente que hay una discrepancia grave," concluyó.