OVIEDO, 5 de diciembre.

En un paso significativo hacia la mejora de la compensación por los daños ocasionados por la fauna salvaje, se ha introducido un nuevo baremo que establece bonificaciones y un aumento de hasta el 30% en el lucro cesante. Esta reforma, que busca no solo indemnizar de manera más equitativa, sino también optimizar los procesos administrativos, permitirá que se acepten fotografías como prueba inicial de los daños sufridos por el ganado, agilizando y facilitando la presentación de reclamaciones.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado ha compartido este jueves en el Consejo Agrario un borrador renovado diseñado para actualizar y modernizar las condiciones y los procedimientos relacionados con la valoración e indemnización de los daños ocasionados por la fauna silvestre.

Este nuevo marco normativo establece que las indemnizaciones para las explotaciones ganaderas se determinarán en función de dos aspectos fundamentales: el precio emergente y el lucro cesante. El primero refleja el valor del animal, y se determinará considerando factores como la edad, la raza y el potencial productivo.

El lucro cesante, por su parte, comenzará con un incremento base del 20% sobre el precio emergente, con posibilidades de aumento adicional. Si se trata de ganado bovino o equino que ha estado censado por más de tres años, el incremento será de un 5%, y si supera los seis años, se podrá alcanzar un 10%. Adicionalmente, habrá una consideración especial para las ganaderías de leche, que contará con un lucro cesante específico.

Con la finalidad de reconocer de manera integral los esfuerzos de los ganaderos, se han incluido bonificaciones que incrementarán los montos a indemnizar. Por ejemplo, se otorgará un 10% adicional para los animales que estén inscritos en un libro genealógico, y que cuenten con una marca de calidad, ya sea de denominación de origen, indicación geográfica protegida o producción ecológica, así como aquellos que estén asegurados mediante pólizas agrarias.

Asimismo, se consolidará una bonificación del 20% extraordinario para los daños causados por especies consideradas de alto riesgo, como el oso y el lobo. De igual manera, se introducirán incentivos adicionales, como un 10% para aquellas explotaciones que adopten medidas preventivas contra la fauna salvaje y un 20% para las que procesen productos en sus propias granjas.

Con el objetivo de mejorar la celeridad y la transparencia del proceso administrativo, el borrador también contempla la implementación de una aplicación digital en 2025 que permitirá a los productores presentar solicitudes de manera online y seguir en tiempo real el estado de su tramitación.

Además, se eliminarán trámites innecesarios gracias al cruce automático de datos, con la intención de liberar a los ganaderos de la carga de presentar documentos ya disponibles en los registros administrativos, como censos ganaderos o certificaciones sanitarias.

En un esfuerzo por simplificar la carga burocrática, el nuevo baremo también permitirá que se acepten fotografías como evidencia inicial de las reclamaciones de indemnización, las cuales podrán ser validadas posteriormente en el contexto de inspecciones técnicas.

Una mejora significativa incluida en la nueva normativa es la alineación con las indemnizaciones de Agroseguro. De acuerdo con el nuevo marco, una vez que la entidad reconozca el pago, el Principado complementará el lucro cesante que no haya sido cubierto por las pólizas de seguro.

Durante la reciente reunión del Consejo Agrario, el consejero de Medio Rural destacó el compromiso del Principado de cubrir los daños provocados por la fauna salvaje en menos de 90 días, un objetivo que actualmente se está cumpliendo con un tiempo medio de pago de 83 días. Desde agosto de 2023, se han destinado más de 5 millones de euros para la compensación de 9.908 expedientes.

En el mismo encuentro, se discutieron las propuestas de adaptación y flexibilización del Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que ya han sido consensuadas con las organizaciones agrarias el año pasado.

Dentro de este contexto, el Principado ha solicitado un tratamiento especial para los jóvenes que se incorporan a la actividad agrícola a través de fórmulas asociativas, poniendo énfasis en su acceso a la reserva nacional.

Asimismo, se ha abogado por incrementar las ayudas dirigidas al ganado bovino de carne, cebo, así como al ovino y caprino, especialmente en el ámbito de la producción sostenible de proteínas vegetales, cuando se trate de razas autóctonas y, en cualquier caso, si los productos se comercializan bajo marcas de garantía.

Por último, en relación con los ecorregímenes, el Gobierno de Asturias ha solicitado la eliminación de la comunicación sobre cambios en las fechas correspondientes al pastoreo e instó a incluir nuevas superficies en el ecorregimen de islas de biodiversidad, así como a extender el período de siega sostenible hasta el mes de septiembre.

En cuanto a las buenas prácticas agrícolas y medioambientales (BCAM), el Principado ha propuesto reemplazar la norma 10, referente a prácticas de fertilización sostenible, por un nuevo ecorregimen de participación en programas colectivos destinados a la valorización energética del estiércol.