OVIEDO, 4 de marzo. El Partido Animalista PACMA ha expresado su profundo desacuerdo con la decisión de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, la cual se ha manifestado en contra de acoger la querella presentada por esta formación política. La denuncia apunta al consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, por presuntos delitos que incluyen la prevaricación y la utilización de peritos con informes falsos.

El PACMA sostiene que su querella se basa en la utilización de informes técnicos que, según indican, son "presuntamente falsos e inexactos". Estos documentos fueron proporcionados por el Gobierno del Principado, y se habrían utilizado para respaldar decisiones judiciales sobre la captura y eliminación de lobos en la región de Asturias.

No obstante, el partido ha señalado que la Fiscalía ha considerado que las alegaciones presentadas no presentan la suficiente relevancia penal para justificar una investigación. Según su interpretación, lo que podrían considerarse "errores" o "inexactitudes" en los informes periciales no caen dentro de la esfera del derecho penal.

Además, critican que la Fiscalía no tome en cuenta la posible prevaricación que podría derivarse de la aprobación de resoluciones que incumplen normativas nacionales e internacionales, las cuales prohíben la eliminación de lobos en condiciones de población desfavorable para esta especie protegida.

Desde PACMA, se rechaza categóricamente esta conclusión. Subrayan que el papel del Ministerio Fiscal es esencial para investigar actos contemplados en el Código Penal, tales como la falsedad de informes periciales y su uso en procesos judiciales, así como la prevaricación al emitir resoluciones que son evidentemente injustas.

El partido ha anunciado que presentará una nueva queja, en desacuerdo con la actual postura de la Fiscalía. Consideran que aceptar como irrelevantes los datos erróneos en los informes periciales y usarlos en los procesos de gestión de justicia genera una situación de "impunidad absoluta". Esto, afirman, puede llevar a la aprobación de resoluciones administrativas que infrinjan la ley y resulten en la muerte injustificada de lobos ibéricos, un tema que requiere urgente atención y acción efectiva.