La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias, Nieves Roqueñí, ha salido al paso de las acusaciones sobre posibles conflictos de intereses en relación a su vínculo familiar con la empresa Minersa, defendiendo la total transparencia y la ausencia de conexiones que comprometan su gestión pública.

En el marco de su participación en el Foro por la Industria, Roqueñí abordó las inquietudes manifestadas por la oposición, especialmente por parte del diputado del Foro, Adrián Pumares, quien la interrogó sobre su relación con la mencionada empresa. La consejera recordó que su marido ha sido empleado de Minersa durante más de cuatro décadas y que su hermana lleva casi 30 años en la misma compañía, información que, según ella, Pumares ya conocía en el momento de su pregunta.

Para reforzar su argumentación, Roqueñí se refirió a su Declaración de Bienes y Derechos Patrimoniales, donde afirmó haber dejado constancia de este vínculo familiar. En este sentido, puntualizó que tanto su marido como su hermana son empleados de la empresa, sin ningún rol adicional que podría influir en su trabajo como funcionaria. Resaltó su compromiso de apartarse de cualquier decisión relacionada con Minersa, asegurando que ha sido cuidadosa en todo momento para evitar cualquier tipo de potencial conflicto.

La consejera recalcó que en su papel de responsable del área, no firma ningún expediente relacionado con esta firma, delegando estas tareas en funcionarios como la directora general o el viceconsejero. También señaló que, en determinadas situaciones, otros consejeros designados por el presidente regional toman el relevo en la firma de documentos, tal como ocurrirá con la compra de un terreno que le ocupa directamente.

Explicando más sobre Minersa, Roqueñí mencionó su participación en un proyecto europeo en colaboración con más de 20 socios de nueve países, donde la Dirección General de Energía y Minas actúa como un socio más y las tareas están claramente definidas. Resaltó que la estructura del proyecto y la distribución de responsabilidades aseguran que no existen motivos para considerar un conflicto de intereses, ya que la financiación específica de cada participante depende de la Comisión Europea.

Además, indicó que la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos lidera este proyecto en España y fue responsable de la selección de los socios, entre los que se encuentra Minersa. Este dato, según Roqueñí, refuerza su afirmación de que la gestión del proyecto es completamente imparcial y estructurada de manera que no puede haber interferencias indebidas.

Finalmente, enfatizó su interés en mostrar el apoyo del Gobierno del Principado hacia un proyecto que fomenta la investigación en la economía circular dentro del sector minero, reiterando la relevancia de su presencia en el acto como una muestra de compromiso con la innovación y el desarrollo sostenible en la industria.