OVIEDO, 23 de enero. La exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno del Principado, Nieves Roqueñí, se ha manifestado este viernes acerca de su ausencia de implicación en los proyectos de Blue Solving relacionados con la mina de Cerredo. En sus declaraciones, Roqueñí aseguró que, aparte de una sanción impuesta a Combayl en 2022, no tenía conocimiento de la extracción de carbón en dicha mina ni del vínculo entre las empresas mencionadas.

La exconsejera enfatizó que estas compañías carecían de la autorización necesaria para llevar a cabo la extracción de carbón, subrayando que únicamente se autorizaba la recolección de chatarra en el sitio. “Una empresa que extrae carbón sin permiso no puede ser considerada ética ni responsable”, afirmó Roqueñí, quien añadió que, como consejera, se rodea de un equipo de confianza en el que deposita su confianza y en el cual delega responsabilidades.

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria encargada de investigar el trágico accidente del 31 de marzo, que dejó cinco mineros fallecidos y otros cuatro gravemente heridos, Roqueñí explicó que gestionar una consejería abarca una gran cantidad de expedientes y que es humanamente imposible tener pleno conocimiento de cada uno de ellos. “En mi papel, confiar y delegar en mi equipo era fundamental, ya que operaban bajo regulaciones rigurosas y con el apoyo de técnicos especializados”, relató a los parlamentarios.

La seguridad en el ámbito minero fue calificada por Roqueñí como una "línea roja" innegociable, enfatizando que ninguna directriz política podría comprometerla. Resaltó la reputación de los técnicos del servicio de minas como referentes en seguridad a nivel nacional. Ante la pregunta sobre si debía haberse ejercido mayor vigilancia tras el accidente de Combayl en 2022, reiteró su desconocimiento en cuanto a la interrelación entre Combayl y Blue Solving, comentando que el proyecto de esta última no era prioritario en la agenda de la consejería.

La exconsejera aclaró que, en su gestión, no recibió información inusual sobre la explotación de Cerredo, ya que el foco del diálogo se centraba más en iniciativas de la transición justa y en la rehabilitación del sector minero, donde se vincularon fondos importantes destinados a la creación de empleo en la región. “Lo que se discutía eran proyectos con potencial significativo para revitalizar la economía del suroccidente”, añadió Roqueñí, quien también mencionó que no fue informada de denuncias realizadas por guardias del medio natural del Principado.

Además, negó conocer al propietario de la mina, Jesús Rodríguez Morán, y aseguró que su única referencia sobre Combayl fue a través de la prensa, en el contexto del accidente de 2022, el cual no le fue comunicado al inicio de su gestión. Cuando el diputado del PP, Rafael Alonso, le preguntó sobre la extensión de su responsabilidad política hacia las acciones de sus subordinados, Roqueñí fue clara: “La responsabilidad política es, evidentemente, mía”.

La exconsejera reconoció haber firmado tres expedientes relacionados con las empresas bajo investigación, los cuales le fueron remitidos por la comisión competente para resolver sanciones y recursos. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de haber evitado el accidente de 2025 basándose en lo sucedido en 2022, Roqueñí destacó que no sería justo juzgar decisiones pasadas desde el conocimiento actual. “Es como si dijeras que si supieras el número de la lotería, hubieras comprado el billete. Estoy convencida de que en cada momento se actuó de la manera adecuada”, concluyó, defendiendo la cadena de decisiones tomadas en su periodo como consejera.