La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, se ha convertido en el centro de una controversia política tras la decisión del Grupo Municipal de Foro, apoyado por el PP, Vox y un edil no adscrito, de proponer su reprobación. Esta acción se fundamenta en lo que consideran un intento de "manipulación y engaño" que pone en riesgo el proyecto Naval Azul, impulsado por el Gobierno local en el área del antiguo astillero Naval Gijón.

En el Pleno Municipal celebrado, se debatió la urgencia de la moción, que fue aprobada con el voto en contra del PSOE, mientras que IU y Podemos optaron por la abstención. La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, cuestionó al PSOE sobre la gestión del ex presidente de la Autoridad Portuaria, Laureano Lourido, sugiriendo que si existían desacuerdos, deberían haber tomado medidas hace años.

Moriyón, visiblemente frustrada, explicó que había estado lidiando con la situación durante cuatro meses y se sorprendió al ver que un informe de la Abogacía del Estado, desconocido para su equipo, había sido filtrado a la prensa. Para su desconcierto, la Autoridad Portuaria también había solicitado un informe externo, lo que le pareció “absolutamente inaceptable”.

Desde Foro, su portavoz, Jesús Martínez Salvador, acusó a Roqueñí de intentar socavar el importante proyecto para la ciudad, sugiriendo que sus acciones eran “ilegales y engañosas” y señalando un supuesto intento de boicotear al Ayuntamiento. Martínez consideró que esta situación exigía responsabilidades por lo que catalogó como un “chantaje” hacia el consistorio, sumado a un intento de desprestigiar al equipo técnico municipal.

La portavoz del PP, Ángela Pumariega, respaldó la reprobación, calificando la actuación de Roqueñí como “desleal y perjudicial” para Gijón. En su intervención, insinuó que el cambio de liderazgo en El Musel se había hecho con la intención deliberada de obstaculizar el progreso de la ciudad.

Similarmente, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, exigió que Roqueñí asumiera responsabilidades y, en un giro crítico, apuntó que el PSOE estaba utilizando a Gijón como una herramienta política en su beneficio.

Por otro lado, la concejala del PSOE, Marina Pineda, se centró en las pérdidas económicas que, según ella, la gestión actual había ocasionado a la ciudad, señalando que se había dejado de lado una suma importante de financiación que podría haberse invertido en Naval. Pineda acusó a la alcaldesa de falsear la verdad sobre el acceso al informe de la Abogacía del Estado, y cuestionó la coherencia del Gobierno local al pasar de hablar de evitar conflictos a proponer esta reprobación.

En un tono más conciliador, desde IU y Podemos, sus portavoces instaron a enfocar la discusión hacia la ejecución de proyectos en lugar de entrar en confrontaciones políticas. Javier Suárez Llana, portavoz de IU, subrayó la necesidad de colaboración y la importancia de avanzar en el desarrollo de la zona. Asimismo, Olaya Suárez de Podemos opinó que la reprobación carecía de urgencia y la consideró una acción de índole partidista que no beneficiaría a los ciudadanos.