OVIEDO, 18 de diciembre.

En una jornada clave para la salud mental en Asturias, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, presentó este jueves ante los grupos parlamentarios la nueva ley que se está gestando en la región. Este proyecto legislativo tiene como objetivo fundamental garantizar y proteger los derechos de las personas afectadas por trastornos mentales, al mismo tiempo que fortalece la estructura y los recursos de la Administración encargados de su atención.

La propuesta aborda de manera integral el modelo de atención en salud mental y establece la necesidad de contar con los recursos humanos y materiales adecuados. Según Saavedra, la legislación se centra no solo en los derechos generales, sino también en aquellos específicos dirigidos a personas con discapacidad psicosocial, una cuestión que ha sido subrayada como prioritaria.

Para asegurar la participación de la comunidad en este proceso, la consejera anunció la extensión del plazo para recibir alegaciones hasta el 14 de enero. En una reciente reunión con el foro de la salud mental, Se agruparon profesionales del sector, representantes de asociaciones, pacientes y familiares para recabar opiniones y enriquecer el texto.

Saavedra enfatizó su deseo de que la ley se apruebe con el mayor consenso posible durante su tramitación en la Junta General del Principado, que está prevista para los meses de abril o mayo. Este enfoque es fundamental para una normativa que afectará a un sector tan vulnerable de la población.

Tras la presentación, los diferentes grupos políticos expresaron sus impresiones sobre el proyecto, coincidiendo en que representa una iniciativa esperada desde hace tiempo. Se dieron plazos para estudiar el texto con detenimiento, lo que refleja el interés colectivo en la materia.

La diputada del Partido Popular, Pilar Fernández Pardo, manifestó que el contenido del proyecto será analizado exhaustivamente debido a su relevante impacto, y aseguró que su grupo buscará hacer sugerencias que enriquezcan el documento final.

Desde el lado de Vox, la diputada Sara Álvarez Rouco advirtió que la iniciativa podría convertirse en "una oportunidad perdida" si el PSOE decidiera ideologizar el texto, en lugar de concentrarse en las verdaderas necesidades de los pacientes. Su postura es que la ley debería ser apolítica y servir de base para brindar las soluciones que actualmente faltan, y se comprometió a revisarla con atención.

Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, alabó el carácter esperado del proyecto, recordando que representa uno de los compromisos acordados entre su agrupación y el PSOE. Destacó la orientación en derechos y capacidades comunitarias que tiene la ley, poniendo al paciente en el centro del debate.

En el ámbito del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro Asturias) resaltó que esta legislación era un reclamo desde la pasada legislatura, aunque señaló que sería necesario incluir una referencia específica para el ámbito infantojuvenil, algo que espera se pueda corregir durante su curso legislativo. También recalcó que el éxito de la ley dependerá de contar con los recursos suficientes y el respaldo político adecuado.

Finalmente, Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto, apuntó que el borrador incluye elementos de gran relevancia, aunque reconoció que necesita un estudio más profundo. Su interés particular se centró en la oficina de salud mental propuesta en la ley, la cual consideró esencial para centralizar quejas y demandas de los diferentes actores implicados, incluyendo pacientes y profesionales.