La controversia en el sector de defensa español se intensifica, ya que Santa Bárbara Sistemas, una empresa vinculada a General Dynamics European Land Systems, ha decidido llevar al Tribunal Supremo la adjudicación de significativos contratos de artillería. Estos contratos, valorados en 7.240 millones de euros, han sido otorgados a un consorcio formado por Indra y Escribano, lo que ha desatado la oposición de Santa Bárbara.

En el recurso contencioso-administrativo admitido por el Tribunal Supremo, la compañía busca suspender la concesión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales con un interés del 0%, destinados a prefinanciar los citados programas de modernización militar del Gobierno. Santa Bárbara denuncia no haber sido parte del proceso previo de adjudicación, lo que refuerza su decisión de impugnar los contratos.

Santa Bárbara Sistemas destaca que no solo se ha visto excluida del procedimiento de licitación llevado a cabo por el Ministerio de Defensa, sino que también se siente perjudicada por la falta de transparencia y competencia en el proceso. A través de su documentación legal, subraya la importancia de su participación en el sector, citando su condición de único fabricante nacional de sistemas de artillería, así como su liderazgo en la industria de defensa española.

El pasado diciembre, el Ministerio de Defensa había otorgado los contratos de producción, distribuyendo casi 2.686 millones de euros para obuses de ruedas y aproximadamente 4.554 millones para obuses de cadenas. A pesar de la adjudicación, Santa Bárbara aún no ha hecho efectiva su impugnación, un hecho que ha sido confirmado por fuentes cercanas a la situación.

Es crucial resaltar que cuando Santa Bárbara presentó su recurso, las adjudicaciones aún no se habían concretado, lo que añade complejidad a la situación. En su argumentación, la firma sostiene que, sin la adopción de medidas cautelares, se enfrentará a un "perjuicio irreparable", destacando sus amplias capacidades en el desarrollo de vehículos de combate y sistemas de artillería.

Además, la empresa resalta la supuesta falta de preparación y experiencia de Indra y Escribano, sugiriendo que su competencia no posee los recursos necesarios para llevar a cabo los contratos de manera efectiva. En este sentido, ha solicitado al Tribunal Supremo que considere el periodo festivo como laborable para acelerar la resolución de su solicitud, aunque esta petición fue desestimada.

Finalmente, Santa Bárbara argumenta que, si se procede con la ejecución de los préstamos a Indra y Escribano, sus oportunidades en el mercado de defensa español se verán drásticamente limitadas. Según la compañía, esta situación no solo afectará su operativa local, sino que también tendrá repercusiones en su capacidad de proyectarse internacionalmente en un sector donde sus competencias han demostrado ser sólidas y confiables.