OVIEDO, 15 de enero. Un caso de agresión sexual en Gijón ha captado la atención de la Fiscalía de Área, que ha solicitado la condena de un individuo acusado de agredir sexualmente a una mujer en su domicilio. La situación se tornó crítica cuando el agresor encerró a un amigo de la víctima en la terraza para evitar que interviniera. La audiencia sobre este desafortunado suceso se llevó a cabo el pasado jueves en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Gijón, y se espera un veredicto.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de junio de 2022, cuando el acusado, un ciudadano paquistaní en situación irregular en España, invitó a su casa a la víctima, quien nació en 1998, y a su amigo. Una vez dentro del inmueble, el acusado aisló al amigo en la terraza, dejándolo sin la posibilidad de entrar y ayudar a la mujer, quien posteriormente fue víctima de la agresión sexual.

Los gritos de la mujer resonaron en la terraza, donde su amigo, incapaz de acceder para prestar socorro, escuchó su angustia. Es importante destacar que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad, ya que cuenta con una discapacidad reconocida que agrava su situación ante este tipo de ataques.

La Fiscalía argumenta que las acciones del procesado constituyen un delito de agresión sexual con penetración, tal como se define en el artículo 180.1.3º del Código Penal, en referencia a la reforma LO 10/22, así como en relación a los artículos 178.2 y 179.2.

En consecuencia, se ha solicitado una condena de 9 años de prisión, así como una serie de medidas relacionadas con los derechos de la víctima. Estas incluyen la inhabilitación especial del acusado para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante la condena, supervisión en libertad durante 7 años, y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros por un período de 10 años, así como la restricción de cualquier tipo de comunicación.

Además, se pide que el condenado cumpla al menos las dos terceras partes de la pena en territorio español, tras lo cual se propone su expulsión del país y un veto de reentrada por 9 años. La Fiscalía también exige una compensación civil de 20.000 euros para la víctima, con los correspondientes intereses legales, como reconocimiento del daño sufrido en este trágico incidente.