OVIEDO, 17 de septiembre. En un claro llamado a la acción, Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixta en la Junta General del Principado y representante de Somos Asturies, ha reiterado este miércoles la necesidad urgente de eliminar el peaje del Huerna en la AP-66, considerándolo un deber "moral y político" del Gobierno de España.

En una rueda de prensa celebrada en Oviedo, Tomé hizo hincapié en que la supresión de esta carga económica para los ciudadanos es una cuestión prioritaria, justificada y no debe implicar ningún tipo de repercusión negativa para los habitantes de Asturias. Su intervención coincide con la fecha límite establecida para que el Gobierno español otorgue una respuesta a la Comisión Europea respecto a un dictamen sobre la concesión de autopistas.

Criticó la irresponsabilidad que han demostrado diversas administraciones, señalando tanto al PP como al PSOE. A su juicio, ambos partidos comparten una culpabilidad equivalente en el manejo de este asunto, lo que destaca una falta de visión a largo plazo en las políticas de infraestructura.

Tomé enfatizó que el actual gobierno tiene la "obligación y la responsabilidad" de poner fin a este peaje, vinculado a decisiones históricas que ella atribuye a la gestión del exministro Álvarez Cascos. El mensaje es claro: es hora de tomar medidas concretas que beneficien a la población, sin esperar más dilaciones.

En la misma línea, Adrián Pumares, parlamentario del Grupo Mixto y secretario general de Foro Asturias, también abordó el tema en una conferencia posterior a la reunión de la Junta de Portavoces. Pumares subrayó que la eliminación del peaje es crucial para mejorar la competitividad económica de Asturias y recordó que la Junta General ya había expresado su postura al respecto.

Asimismo, el diputado advirtió que el rescate del peaje no debe comprometer otras inversiones necesarias en la región. Resaltó que las condiciones impuestas para acceder a las bonificaciones activadas por el Gobierno son tan restrictivas que, sorprendentemente, ni siquiera se han utilizado adecuadamente.

La Comisión Europea, en un proceso de supervisión, emitió en julio un dictamen que insta a España a adherirse a las normativas de la UE relacionadas con la contratación pública, especialmente en lo que respecta a concesiones. Las ampliaciones de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 (Huerna) son vistas como violaciones de las directrices europeas, ya que no se llevaron a cabo procedimientos de licitación adecuados.

El organismo europeo argumenta que estas modificaciones son sustanciales y equivalen a la adjudicación de nuevos contratos, por lo cual debieron seguir un riguroso proceso de licitación. Ante la inacción, la Comisión advirtió que podría llevar a cabo acciones legales contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.