OVIEDO, 21 de noviembre.

Un grupo de profesionales eventuales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), que opera en el Área Sanitaria IV de Oviedo y sus alrededores, ha hecho pública una denuncia contundente sobre las condiciones laborales a las que se ven sometidos. En un comunicado reciente, expresan que las prácticas actuales son "injustas y perjudiciales", al obligarles a aceptar ofertas de trabajo sin la información básica necesaria.

Los denunciantes revelan que el proceso de contratación es totalmente opaco, ya que deben conformarse con aceptar contratos "a ciegas", lo que significa que no tienen idea de la ubicación ni de los turnos que ocuparán. Aquellos que deciden rechazar estas propuestas se enfrentan a duras penalizaciones que podrían impedirles trabajar durante meses. Este procedimiento se realiza a través de llamadas telefónicas, en las que solo se comunican los detalles relevantes una vez que se ha aceptado verbalmente el contrato.

Los eventuales subrayan que esta situación provoca una "inestabilidad prolongada" en sus vidas profesionales, ya que se ven obligados a lidiar con contratos temporales que pueden ser de solo días o semanas, alcanzando a tener más de diez contratos distintos en un solo año. Esta incertidumbre afecta gravemente su capacidad para conciliar la vida laboral con sus responsabilidades familiares, al no poder prever si los turnos se ajustarán a su vida personal.

Sumado a esto, alertan sobre la alarmante falta de formación práctica que reciben en áreas de gran complejidad, como la UCI, quirófanos, urgencias o reanimación. Esta carencia no solo pone en riesgo a los profesionales, sino que también compromete la seguridad de los pacientes, y ha llevado a un aumento en las bajas laborales y a la demanda de asistencia en salud laboral y mental.

En su declaración, los trabajadores demandan una serie de mejoras significativas: la necesidad de que se proporcione información sobre la ubicación y el servicio antes de aceptar un contrato, el anuncio previo de los turnos, la obligación de garantizar formación práctica en servicios de alta complejidad y la eliminación de las injustas penalizaciones por rechazar ofertas sin la información adecuada.

Aunque ya han llevado estas quejas a la atención de la dirección del Sespa y de los sindicatos, los profesionales lamentan que hasta la fecha no se han implementado soluciones efectivas para abordar sus preocupaciones. Hacen una comparación con otras áreas sanitarias donde sí se proporciona esta información esencial antes de la aceptación de un contrato, resaltando aún más las deficiencias en su propio ámbito laboral.