Vecino de Siero enfrenta posible condena de tres años por posesión y distribución de material pornográfico infantil
La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado tres años de prisión para un vecino de Siero acusado de poseer y difundir pornografía infantil. La vista oral está señalada el próximo 6 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, a las 9.30 horas.
Según el Ministerio Fiscal, el acusado llevó su ordenador marca Nox al establecimiento Mediamarkt en abril de 2021 para su reparación. Al encender el dispositivo, el técnico encontró el programa de intercambio de archivos "Emule", configurado por el acusado con el programa Windows10, y se visualizaron varios archivos con nombres que indicaban contenido de sexo explícito relacionado con menores.
Después de obtener la autorización del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, se examinó el contenido completo del ordenador. Se descubrió que se habían descargado 65 archivos con temática similar en el programa Emule. Además, se encontraron 28 archivos en la sección de "Tráfico" pendientes de descarga, 25 archivos más en la sección de "Compartidos" que estaban siendo intercambiados y otros 6 en la carpeta "Incoming". En el disco duro se hallaron 14 vídeos de menores participando en actos sexuales.
En septiembre de 2021, el Juzgado de Instrucción número dos de Siero concedió la autorización para realizar una entrada y registro en el domicilio del acusado, el cual se llevó a cabo el día 30. Durante la búsqueda, se encontró un disco duro externo de 320 GB con 150 videos de contenido sexual que involucraban a menores, una memoria USB con 59 archivos referidos al mismo tema (aunque solo se pudo acceder a uno de ellos) y un ordenador portátil con dos carpetas que contenían 16 videos similares y 76 videos mostrando actitudes sexuales de menores.
La Fiscalía sostiene que el acusado tenía conocimiento de que compartía estos archivos con terceras personas, por lo que considera que los hechos constituyen un delito de posesión y difusión de pornografía infantil. En consecuencia, el Ministerio Fiscal solicita una condena de 3 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.
Además, se pide que el acusado tenga libertad vigilada durante 4 años y se le imponga una inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, remunerado o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad durante 7 años.