El pasado 13 de febrero en Gijón, los representantes de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Sara Álvarez Rouco y Javier Jové, expresaron su firme oposición a la posible eliminación del Monumento a los Héroes del Simancas. Este monumento se encuentra en el colegio de la Inmaculada, que es gestionado por la orden de los Jesuitas.

En una rueda de prensa realizada frente al monumento, los diputados fueron tajantes al afirmar que, en caso de que se inicien acciones para retirarlo, ellos se comprometen a restaurarlo a su lugar original. Jové, en particular, sugirió que el Gobierno de Asturias muestra un comportamiento incoherente al valorar positivamente la antigua Universidad Laboral, construida durante la dictadura franquista, mientras que intenta eliminar otro símbolo histórico.

El legislador de Vox subrayó que la administración actual está intentando crear un relato histórico alternativo que, a su juicio, no es viable. “La Historia es lo que es, nos guste o no”, afirmó Jové, enfatizando su punto de vista sobre la necesidad de respetar la memoria histórica, sin importar la preferencia personal de cada uno.

Jové continuó su discurso señalando que la actual gestión del gobierno asturiano podría considerarse como “una maniobra de descerebrados, talibanes” y expresó su confusión sobre el supuesto daño que este monumento podría ocasionar a la sociedad.

Asimismo, se mostró incrédulo ante la aparente contradicción de que, mientras una obra del mismo escultor es deseada como legado patrimonial, otra sea objeto de rechazo. “No comprendo cómo una obra puede ser tan vilipendiada mientras que otra es valorada”, enfatizó, sugiriendo que esta diferencia de trato revela un doble rasero en la consideración del patrimonio artístico.

Por otra parte, los diputados de Vox subrayaron que la situación legal del monumento es compleja, ya que actualmente está en un proceso judicial. Informaron que la asociación Raíces ha solicitado que se le conceda la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que ha llevado a la búsqueda de medidas cautelares.

Jové también insinuó que lo que está sucediendo es un intento del gobierno regional de galvanizar apoyo para su coalición, en la que, según su apreciación, hay figuras que dominan la agenda. Mencionó específicamente al consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, sugiriendo que su influencia en la toma de decisiones es clara.

Los diputados insistieron en que la protección del monumento no solo implica su catalogación, sino que también requiere la consideración de un nivel importante de protección legal, que incluye la influencia de múltiples personas y organizaciones que defienden su valor histórico.

Rouco reafirmó su compromiso con la causa, asegurando que existen muchos actores involucrados en la preservación del monumento. Aclararon que su colaboración se da únicamente con la Asociación Raíces, no con la orden de los Jesuitas, subrayando que el monumento no pertenece exclusivamente a ninguna entidad particular, sino que es un legado común de todos los asturianos y de España en su conjunto.

Desde Vox, se reafirmó la crítica hacia la percepción de la izquierda sobre la información relacionada con este tema, acusándolos de manipulación y desinformación. Jové recordó que el expediente anterior sobre este asunto fue archivado por falta de acción, pero la reapertura del caso solo representa un reinicio del trámite que ya había sido cerrado.

Finalmente, los representantes de Vox advirtieron que el camino hacia la posible desprotección del monumento será complicado, señalando que requerirá de numerosos informes técnicos y históricos, lo que puede prolongar el proceso considerablemente.