OVIEDO, 11 de noviembre. El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, se ha comprometido hoy a seguir a lado de las familias que habitan en el edificio de la calle Río Piloña, 3, en Gijón, hasta que se logre una solución que beneficie a todos los involucrados. Esta declaración se produce en un momento crítico, ya que el gobierno regional se encuentra optimista acerca de saldar los contratos pendientes en un plazo breve.

Durante su comparecencia en la Comisión de Ordenación del Territorio de la Junta General, Zapico respondió a preguntas planteadas por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. El consejero indicó que el ejecutivo mantiene la mirada puesta en obtener una respuesta por parte de la Sareb, lo que definirá el futuro de once familias que enfrentan órdenes de desalojo.

Zapico comenzó a explicar que, aunque la Sareb ha propuesto cuatro contratos sociales y siete subrogaciones, los vecinos rechazan esta última opción y abogan por que todas las viviendas se enmarquen en un plan de alquiler asequible. Además, el consejero añadió que la entidad financiera exige una deuda que los residentes consideran no válida, ya que sostienen que sus pagos fueron realizados correctamente, ya sea a Hacienda o a través de los juzgados, negando así la existencia de esta deuda.

El consejero enfatizó la importancia de que la Sareb esté dispuesta a entablar negociaciones y evaluar las propuestas presentadas por los vecinos. Zapico expresó su esperanza de que, con el tiempo, la situación se normalice y se disipe la incertidumbre actual que viven las familias afectadas.

Zapico también subrayó la intención política del Gobierno asturiano de transformar la percepción sobre la Sareb, aspirando a que sus activos se destinen a fines sociales y a una mejor calidad de vida, lejos de la especulación que predominó en el pasado.

Además, anunció que el Ejecutivo regional está colaborando con Sepes, la empresa pública estatal, para asegurar que, tras la transferencia de las viviendas, se respeten los contratos vigentes, garantizando así que no habrá obstáculos legales que complicuen el proceso.

El consejero reiteró el compromiso del Principado de Asturias de continuar avanzando en esta dirección y confió en que se alcancen soluciones para los once contratos que quedan por resolver en un futuro cercano. Insistió en que las viviendas deben estar destinadas a las personas y no a intereses especulativos.

Por su parte, la diputada Covadonga Tomé criticó duramente la actitud de la Sareb, a la que acusó de comportarse como una multinacional, amenazando con desalojos a familias en situaciones vulnerables y careciendo de un compromiso social. Recordó que los vecinos llevan meses enfrentando la angustia sobre el futuro de sus hogares y que ha sido la organización comunitaria y la movilización ciudadana lo que ha detenido hasta ahora los intentos de desalojo.

Tomé también señaló que la Sareb ha fallado en mantener los acuerdos previamente establecidos y ha cambiado de forma unilateral los criterios para determinar la vulnerabilidad, lo que ha generado nuevas órdenes de desalojo. “Estamos hablando de trabajadores que solo desean continuar viviendo en sus hogares mientras se soluciona esta situación tan injusta”, concluyó.