Vox presenta moción de rechazo a la ley de consumo de Asturias por consideraciones ideológicas.

OVIEDO, 24 de marzo. En un giro inesperado en el ámbito legislativo asturiano, el Grupo Parlamentario de Vox ha presentado una enmienda de carácter total a la propuesta de ley sobre consumo, alegando que la misma es intrínsecamente "ideológica, reguladora y dañina para los intereses tanto de empresas como de consumidores".

El diputado Javier Jové, portavoz de la formación, ha manifestado en una rueda de prensa que su partido toma la decisión de devolver este proyecto al Consejo de Gobierno, acusando al Ejecutivo de idear una legislación nueva que no responde a adaptar el marco existente, sino que se alinea con "los postulados de la izquierda radical". Según Jové, el propósito escondido detrás de esta normativa no es la defensa del consumidor, sino "interferir en las decisiones personales de los asturianos y dictar sus pautas de consumo bajo una perspectiva ideológica".

El parlamentario de Vox ha sostenido que "definir una ley de consumo como comunista es totalmente contradictorio", argumentando que en los sistemas comunistas se niegan los derechos del consumidor, reemplazándolos por cartillas de racionamiento y decisiones centralizadas sobre la oferta de bienes y servicios.

En un análisis más profundo del proyecto, Jové ha señalado que más de la mitad del contenido se dedica a establecer un régimen sancionador e inspector. A su juicio, esto demuestra que "no estamos ante una regulación protectora, sino ante un mecanismo de control, sanción y vigilancia".

Asimismo, Jové ha advertido que la implementación de esta normativa significará un aumento de los costos para las empresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, creando más obstáculos burocráticos que inevitablemente resultarán en precios más elevados para los consumidores, quienes podrán adquirir menos productos con sus recursos financieros.

Otro de los puntos que han llevado a Vox a presentar esta enmienda es su rechazo a la inclusión de conceptos que consideran ideológicos, como el "consumo responsable y sostenible", así como la integración de estos temas en el ámbito educativo. Para la formación, esto representa "un intento de ingeniería social que se aleja de la verdadera misión de proteger a los consumidores de abusos o fraudes".

Vox también ha cuestionado la validez jurídica del proyecto, planteando posibles conflictos en competencias con normativas estatales y europeas, y señalando que podría usarse para incorporar "de manera forzada" cuestiones no relacionadas con el consumo, como la promoción de la llingua.

Finalmente, desde Vox han recordado que Asturias ya dispone de un marco regulatorio adecuado en materia de consumo, tanto a nivel nacional como europeo, por lo que consideran que esta nueva ley "es no solo innecesaria, sino que podría resultar perjudicial".