El PP promete controles del lobo en todas las comarcas y menos papeleo para ganaderos
El PP propone controles del lobo en todas las comarcas y menos burocracia para ganaderos. Queipo cifra en 25.000 las cabezas de ganado muertas por ataques.
El PP quiere controlar la población de lobo en todas las comarcas asturianas y reducir la burocracia que sufren los ganaderos. Así lo anunciaron este domingo en Somiedo la candidata al Congreso Ángela Pumariega y el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo.
Según Queipo, desde que Adrián Barbón preside el Principado han muerto 25.000 cabezas de ganado por ataques de lobo. Por eso propone que un futuro Gobierno autonómico de su partido realice controles de la especie en todas las comarcas y en el número que considere necesario. También ha criticado que el Principado destine recursos a indemnizaciones sin evitar los daños.
Pumariega ha defendido simplificar los trámites administrativos para que los ganaderos dediquen más tiempo a su actividad. "No puede ser que los ganaderos pasen más tiempo haciendo papeleo que cuidando de su ganado", ha afirmado. Además, plantea incentivos fiscales para facilitar la incorporación de jóvenes al sector y mantener el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), en línea con los compromisos de Alberto Núñez Feijóo.
Otro de los anuncios es recuperar la propuesta legislativa aprobada en la Junta General por iniciativa de su partido, para que las indemnizaciones por ataques de lobo no tributen. Queipo también ha criticado que Asturias no haya adelantado el máximo permitido de las ayudas de la PAC, como sí han hecho otras comunidades, y ha asegurado que, si el PP gobierna, no se repetirá la situación de los 4.000 ganaderos que, según sus datos, no recibieron anticipos.
Para el sector ganadero, las propuestas suponen menos trámites, más ayudas fiscales y más control sobre el lobo, aunque son compromisos de partido que todavía no se han traducido en medidas concretas. En el terreno presupuestario, Queipo ha condicionado el apoyo de su partido a las cuentas autonómicas a que se aborden sus discrepancias con la política de vivienda, y ha rechazado respaldar unos presupuestos que, a su juicio, den cobertura a la actual ley autonómica de vivienda.