La situación política en el Principado de Asturias ha generado inquietud y frustración entre los defensores de la transparencia y la ética pública, ya que la comunidad autónoma continúa sin contar con un presidente del Consejo de Transparencia. Este vacío se ha prolongado por más de cuatro años, desde que el único candidato viable, José Manuel Fernández, declinó el puesto en abril de 2021, argumentando que la sede del organismo debería estar en Oviedo en lugar de en Avilés.

Durante su intervención en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias, Fernández descalificó como una "ocurrencia" la propuesta de establecer la sede en Avilés y expresó su preocupación por la conciliación familiar, lo que llevó a un estancamiento de la situación que aún no ha sido resuelta.

Desde la negativa de Fernández, el Principado no ha logrado presentar nuevos aspirantes, lo que ha provocado que la ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, promulgada en 2018, siga sin implementarse, dejando a los ciudadanos sin el acceso que merecen a la información pública.

Este martes, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, retomará el tema en el Parlamento asturiano, donde presentará una moción tras su reciente interpelación al consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. La interlocutora busca instar al Gobierno a tomar decisiones decisivas sobre la cuestión de la transparencia.

Zapico, en una reciente intervención, se mostró optimista y aseguró que se prevé llevar a la Junta a finales de 2025 o principios de 2026 una propuesta para la composición del Consejo de Transparencia. Informó que actualmente se están considerando varios candidatos con alta credibilidad y prestigio en este ámbito.

De acuerdo con los detalles de la moción que Tomé defenderá, el Gobierno asturiano tendría que comprometerse, dentro del primer trimestre de 2026, a elegir a la persona que liderará el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Además, se propone la creación de la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción y la aprobación de un Plan Estratégico de Transparencia y un Plan de Prevención de la Corrupción, así como un Registro Público de Grupos de Interés, los cuales deberían estar listos para el primer semestre de 2026.