En Madrid, el 12 de marzo, un grupo de feministas pertenecientes a la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha alzado la voz para denunciar el uso inapropiado de los fondos destinados al Pacto de Estado. Esta acusación se centra en 50 municipios, incluyendo Avilés, que habrían desviado los recursos asignados a actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo.

La organización ha hecho llegar una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la que expresa su preocupación por la "amplia" programación de eventos que promueven la lucha por los derechos de las mujeres, pero que se ven ensombrecidos por un gran número de actividades que, según afirman, carecen de relación con los objetivos establecidos por el Pacto de Estado.

En su comunicación, las feministas han presentado una nueva serie de ejemplos de lo que consideran un mal uso de los fondos, subrayando que los ayuntamientos implicados abarcan una diversidad de partidos políticos y agrupaciones. Algunos de los municipios mencionados incluyen Coslada (Madrid), Dénia (Alicante) e Inca (Mallorca), además de Avilés.

Los organizadores de la denuncia destacan que muchos de los eventos programados, tales como talleres de manualidades, clases de cocina, o actividades deportivas, no se alinean con los objetivos de prevención y sensibilización contra la violencia de género que el Pacto busca promover. "Estas actividades resultan irrelevantes para la lucha contra la violencia machista", señalan.

Además, reiteran que la lucha contra la violencia de género no debe sufrir recortes en sus recursos, que ya son insuficientes, y denuncian la desviación de fondos a actividades que no están relacionadas con este objetivo vital.

Las feministas también han señalado que algunos de los ayuntamientos implicados ya habían sido citados en denuncias pasadas, lo que refleja una falta de atención a las recomendaciones provenientes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Ante esta situación, la Alianza hace un llamado a la implementación de sistemas de supervisión para los fondos del Pacto de Estado y exige la devolución de los recursos que hayan sido mal utilizados. También critican la falta de una fiscalización eficaz sobre los gastos asociados.

Asimismo, solicitan que se recuerde a los municipios que han sido etiquetados como incumplidores su obligación de seguir las directrices emitidas por el Ministerio de Igualdad con rigurosidad.

Finalmente, las feministas enfatizan que "ningún euro destinado a combatir la violencia machista debería ser desviado a fines no relacionados". La reciente renovación del Pacto de Estado, que amplía y duplica los recursos asignados, exige una supervisión estricta en el uso de estos fondos, concluyen con firmeza.