OVIEDO, 23 de diciembre. En un claro llamado a la acción, el Colegio Profesional de la Educación Social ha hecho un llamado urgente a los sindicatos para que no faciliten el perpetuamiento del "intrusismo" y el "deterioro" de los servicios públicos. Este pronunciamiento llega tras el rechazo del Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias al nuevo proceso de funcionarización para los educadores en la región.

En un comunicado emitido este lunes, el órgano colegial ha querido tranquilizar a los profesionales del sector, asegurando que "ninguna persona en el puesto de educador o educadora perderá su empleo fijo en la Administración del Principado". Este mensaje se extiende tanto a los educadores que han superado sus oposiciones como a las 50 personas que han logrado estabilizar su situación laboral recientemente.

Además, el Colegio enfatiza que en el ámbito español "las profesiones no son intercambiables" y recalca que cada disciplina brinda competencias profesionales únicas. En este sentido, aclara que la Educación Social no busca sustituir a profesiones como la magistratura, la psicología o el trabajo social. Sin embargo, añade que no se puede permitir que algunos profesionales de estas áreas pretendan ejercer en su campo. Igualmente, menciona que en la práctica se encuentran realizando funciones de educación social graduados en derechos, ingeniería, historia y otras disciplinas ajenas al ámbito educativo.

Desde el Colegio, argumentan que es “absolutamente insensato” permitir que en Asturias no se exija la titulación correspondiente para ejercer determinadas profesiones, citando el ejemplo de farmacéuticos, veterinarios o arquitectos, que tampoco podrían ejercer sin su formación adecuada si se aplicara esta lógica.

Por otro lado, el Colegio Profesional de la Educación Social sostiene que el proceso de funcionarización, que busca integrar la Educación Social en la Función Pública, es un paso fundamental para proporcionar mayores garantías jurídicas a las personas más vulnerables de la comunidad autónoma. "Después de 34 años desde la creación de esta profesión, es un paso necesario", afirman con firmeza.

En conclusión, los profesionales de la educación social han solicitado formalmente a los sindicatos que se adhieren a este llamado que reconsideren su postura, señalando que su inacción perpetúa situaciones de intrusismo y afecta la calidad de los servicios públicos. "El cumplimiento de la Ley de Empleo Público del Principado de Asturias es esencial para modernizar los servicios y garantizar la profesionalidad en beneficio tanto de los usuarios como de los trabajadores", subrayan desde el Colegio.