El Gobierno español ha tomado la determinación de permitir la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell, aunque con importantes restricciones. A partir de ahora, ambas entidades estarán obligadas a mantener su independencia legal y patrimonial durante al menos tres años, así como a gestionar sus operaciones de manera autónoma.

Esta decisión se produce tras un mes de análisis profundo por parte del Consejo de Ministros, que evaluó las implicaciones de la fusión en el interés colectivo. La intervención del Ministerio de Economía fue clave para llevar el asunto ante el Consejo, dado el impacto que podría tener en la economía y el bienestar social.

Las preocupaciones del Ministerio, encabezado por Carlos Cuerpo, giraron en torno a la necesidad de asegurar que se mantengan estándares de regulación adecuados en el sector bancario. Además, se evaluaron los riesgos para la protección de los empleos, la equidad territorial, así como el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico en un contexto de creciente digitalización.

La aprobación de esta OPA se da también después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diera luz verde con ciertas condiciones, además de recibir la no objeción por parte del Banco Central Europeo, lo que evidencia un movimiento en un sector financiero en continua transformación.