El Gobierno español tiene previsto aprobar este martes un significativo proyecto de ley que contempla la asunción de hasta 83.252 millones de euros en deuda de las comunidades autónomas, liderado por el Ministerio de Hacienda. Este acuerdo representa un importante alivio financiero, especialmente para Andalucía y Cataluña, que se beneficiarían significativamente al recibir, respectivamente, 18.791 millones y 17.104 millones de euros, lo que suma más del 43% del total destinado a las comunidades.

Este movimiento legislativo surge como resultado de un pacto entre el PSOE y ERC para aliviar parte de la carga de deuda en Cataluña, y se abrirá la puerta a que otras comunidades puedan solicitar un tratamiento similar. Este es un giro notable en la política fiscal del país, que busca abordar las preocupaciones de las regiones más afectadas por la deuda acumulada.

En un comunicado, Hacienda explicó la metodología detrás de la distribución de la deuda asumida por el Estado, enfatizando que, aunque se establece un marco general, la decisión final estará en manos de cada comunidad autónoma, que podrá optar por participar en este régimen de condonación.

El listado de comunidades que se beneficiarían incluye a la Comunidad Valenciana con 11.210 millones, la Comunidad de Madrid con 8.644 millones, y otras como Castilla-La Mancha y Galicia, que también recibirán montos significativos, lo cual subraya la voluntad del Gobierno de proveer un soporte equitativo a las regiones más vulnerables.

Sin embargo, Euskadi y Navarra quedan excluidas de esta medida al no formar parte del régimen común. Ambas comunidades ya han señalado su interés en recibir un tratamiento similar dentro de sus respectivos sistemas forales, lo que abriría un nuevo debate sobre la igualdad y la equidad en el reparto de cargas fiscales.

La intención del Gobierno es concluir el proceso legislativo esta semana en el Consejo de Ministros y luego remitir el texto a las Cortes Generales para su debate y aprobación. Este paso es crucial para avanzar con una medida que podría cambiar fundamentalmente la relación fiscal entre el Estado y las comunidades.

Durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno logró avanzar en esta propuesta con el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE, mientras que las del PP decidieron no participar, lo que la administración interpretó como una forma de abstención. Esta estrategia sugiere que, a pesar de las críticas, el apoyo final podría materializarse si la propuesta avanza.

Sin embargo, el camino al éxito no está exento de obstáculos. Existen reservas entre algunos socios de gobierno, como Junts, que cuestionan la extensión de la medida a todas las comunidades, lo que genera tensión dentro de la coalición.

María Jesús Montero, titular de Hacienda, ha explicado que el proceso de condonación se divide en tres fases. La primera mide el crecimiento del endeudamiento de las comunidades entre varios periodos, revelando una media del 19% de condonación en la deuda actual. Este enfoque busca dar respuesta a un sentimiento de desbalance entre las diversas comunidades autónomas.

La segunda fase complementa la condonación a aquellas comunidades que estén por debajo de esta media, atendiendo a la necesidad de rectificar posibles injusticias en el tratamiento fiscal. Montero ha enfatizado que el objetivo es restaurar la confianza y la equidad en la financiación autonómica.

Finalmente, la tercera fase realiza ajustes para asegurar una distribución más justa de la condonación, destacando que la Comunidad Valenciana lidera en términos de ayuda por habitante. A su vez, se ofrecerán incentivos a las comunidades que hayan incrementado su recaudación del IRPF, lo que podría favorecernos a algunas frente a otras en el reparto de la condonación.