OVIEDO, 17 de mayo. En un contexto de creciente inquietud social, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha defendido la legalidad del permiso otorgado a Blue Solving, la empresa implicada en la mina de Cerredo (Degaña), escenario de una tragedia que dejó cinco muertos el pasado 31 de marzo.

Esta declaración fue realizada en respuesta a una interpelación del secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, quien cuestionó los permisos concedidos a la compañía, dada su historia de accidentes laborales en el mismo lugar.

El Gobierno asturiano sostiene que la autorización para la investigación se alineaba con la normativa vigente. Además, ha atribuido la falta de respuesta a una denuncia ciudadana sobre posibles irregularidades en la mina a un "problema técnico relacionado con la migración de cuentas de correo electrónico".

De acuerdo con la información proporcionada por el Ejecutivo regional, Blue Solving S.L. solicitó su permiso de investigación el 5 de junio de 2024, recibiendo luz verde el 8 de julio, luego de presentar la documentación pertinente según la Ley de Minas y los reglamentos de seguridad minera.

El Gobierno aclaró que se realiza un análisis minucioso de la documentación presentada antes de emitir un informe técnico que precede a la resolución oficial del permiso.

Respecto a la experiencia de Blue Solving en proyectos similares, la Administración indicó que no se tiene constancia de antecedentes, pero que se valoró la documentación conforme a la normativa aplicable.

Es relevante mencionar que los proyectos aprobados bajo la legislación minera no son obligados a ser públicos, salvo en el caso del Proyecto General de Explotación para nuevas unidades productivas.

Sobre las reuniones entre la exconsejera de Energía y Minería, Belarmina Díaz, y un representante de la empresa, el Gobierno aseguró no disponer de información respecto a las agendas de estas reuniones.

En relación al accidente ocurrido el 25 de agosto de 2022 en la misma mina, donde falleció un trabajador, la Administración ha justificado su falta de personación en el caso al considerar que no ha sufrido un daño directo, lo que hace que la personación sea la excepción y no la regla.

Ante una denuncia enviada por un ciudadano el 16 de octubre de 2023 al Servicio de Atención Ciudadana, advirtiendo sobre posibles trabajos irregulares, la respuesta del Gobierno fue que los funcionarios están dedicados a sus funciones diarias. La falta de respuesta fue excusada por un fallo técnico relacionado con la migración de cuentas de correo electrónico, que, según lo indicaron, será esclarecido por un informe de inspección.

El Ejecutivo negó que existan funcionarios con correos sin revisar desde 2023 y aseguró que están reestructurando el manejo de cuentas tras la nueva distribución competencial. No tienen constancia de otras denuncias pendientes de tramitación en el SAC.

Respecto a las posibles sanciones por este "error", la administración subrayó que lo más prudente es aguardar el informe de la inspección de servicios antes de tomar decisiones al respecto.

Finalmente, ante las inquietudes por la falta de inspecciones en un periodo de seis meses en una mina que ya había sido escenario de un accidente mortal, el Gobierno se limitó a mencionar que las infracciones detectadas en su momento dieron lugar a los correspondientes expedientes sancionadores conforme a la legislación vigente.