El juicio del sospechoso de un incendio en Mieres comienza este miércoles: la Fiscalía solicita 3 años y medio de prisión.

OVIEDO, 23 de septiembre.
Este miércoles se llevará a cabo el juicio en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, donde se discutirá la solicitud de la Fiscalía del Principado de Asturias, que pide una condena de 3 años y 6 meses de prisión para un individuo denunciado por provocar un incendio forestal intencionado en Mieres el pasado agosto de 2023. La acusación también señala dos intentos adicionales de incendiar la misma área, aunque sin éxito, ocurridos días después del primer evento.
Un comunicado del Ministerio Fiscal detalla cómo el hombre, nacido en 1965, utilizó una fuente de calor directa en la madrugada del 10 de agosto de 2023 sobre un matorral cercano a Santullano. Este acto liberó un fuego que consumió alrededor de 84 metros cuadrados, afectando a especies como avellano, tojo, laurel y helecho. La extinción del incendio fue llevada a cabo por equipos especializados y se logró controlar alrededor de las 8:00 horas del mismo día.
El acusado no se detuvo ahí; también intentó iniciar fuegos en las mismas áreas el 11 y el 18 de agosto, aunque afortunadamente esos incendios fueron sofocados antes de que se propagaran. Los gastos totales en los que incurrieron los servicios de extinción se estiman en 1.071,76 euros.
La Fiscalía argumenta que estas acciones constituyen un “delito continuado de incendio forestal” conforme a los artículos 352 y 74 del Código Penal y al artículo 5 de la Ley 3/2004 de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias, que protege los espacios naturales de la región.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita que se imponga una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, así como una multa que ascienda a 18 meses a razón de 20 euros diarios. En caso de impago, el acusado podría enfrentar una responsabilidad financiera adicional.
Como parte de la reparación del daño causado, se exige al acusado que compense al Principado con la suma de 1.071,76 euros, más los intereses legales correspondientes, tratando de mitigar así el impacto de sus acciones provocativas.
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