El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, anunció esta semana el lanzamiento de una campaña informativa sobre la ley de vivienda. A diferencia de lo que asegura Vox, esta campaña tiene como objetivo impulsar y poner en valor esta ley, y no combatirla.
Zapico resaltó que la campaña busca contrarrestar las intervenciones del grupo parlamentario de Vox. En esta ley de vivienda se incluye una figura interesante que compensa a los propietarios cuyos inquilinos están en proceso de desahucio, brindando protección a quienes Vox afirma que están indefensos.
En Asturias, actualmente hay 83 solicitudes de compensación, de las cuales 23 han sido resueltas favorablemente, 4 han sido denegadas y 56 aún no se han resuelto debido a que los propietarios no han comunicado la fecha de desahucio del inquilino. Sin esta información, no se puede calcular la indemnización correspondiente.
Los propietarios están protegidos por el valor medio de alquiler en la zona donde se encuentra la vivienda. Además, el inquilino puede solicitar al arrendador el reembolso de los gastos corrientes que haya pagado y que le corresponderían.
El consejero invitó a todos a leer y conocer la ley de vivienda, ya que considera que la percepción que se está transmitiendo hasta ahora es sesgada y manipulada. Destacó los beneficios favorables que esta ley traerá a la ciudadanía asturiana y española.
Estas declaraciones de Zapico se produjeron en respuesta a una intervención crítica del diputado de Vox, Javier Jové Sandoval. Jové reproducía el audio de una propietaria cuya casa fue ocupada en Santullano para destacar los problemas de ocupación en Asturias y criticar la ley de vivienda aprobada por el Principado.
Jové también criticó la falta de vivienda pública y señaló que la construcción de 44 viviendas en Lugones anunciada por Zapico es insuficiente en comparación con la cantidad de viviendas que poseen los pequeños propietarios en la región.
Ante estas críticas, el consejero reiteró el compromiso de su consejería con la vivienda de protección. Destacó que se impulsará la vivienda de protección oficial tanto directamente como a través de la colaboración público-privada.
En este sentido, Zapico destacó que se establecerán mecanismos de fiscalización para garantizar que las viviendas cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno. Uno de estos requisitos es el precio del alquiler, que está limitado por un decreto. Sin embargo, el gobierno puntuará favorablemente a las empresas que bajen ese precio.
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