OVIEDO, 4 Abr. — En un giro inquietante de los acontecimientos, la empresa Proyectos Mineros e Ingeniería S.A. (Promining) ha llevado una denuncia a la Fiscalía Provincial de Asturias. Esta acción se produce tras la tragedia ocurrida el pasado lunes, cuando un accidente en la mina de Cerredo resultó en la muerte de cinco mineros y dejó a otros cuatro heridos. Promining ha delineado varios posibles delitos relacionados con la compañía operadora de la mina, Blue Solving, resaltando preocupaciones serias sobre la legalidad de sus prácticas.

La denuncia señala graves irregularidades, como el “fraude de ley” que, según alegan, permite encubrir actividades de explotación bajo un permiso de investigación. Además, mencionan que existen indicios de engaño hacia la empresa ArcelorMittal, revelando un sistema complejo de engaño que pone en tela de juicio la transparencia en el sector minero.

De acuerdo con documentos accesibles a Europa Press, Promining menciona que se había presentado, el 12 de marzo de este año, una queja formal ante la Dirección General de Energía. Esta queja indicaba que tanto Carbones La Vega en la mina de Villares de Arriba como Blue Solving en Cerredo estaban en falta, incumpliendo normativas tanto nacionales como comunitarias relacionadas con la minería y ayudas públicas.

El contenido de la denuncia expone con detalle varios engaños que supuestamente han estado en marcha durante años en las operaciones mineras de carbón. Uno de los puntos críticos es la afirmación de que la supuesta investigación del grafito carece de fundamento, dado que las variedades de grafito que se indican no se encuentran realmente en el yacimiento de Cerredo.

Otro aspecto fundamental de la denuncia es la mención a una subvención de casi un millón de euros que la empresa a cargo de la mina ha recibido del ITJ. Promining sostiene que es crucial evaluar los resultados de la investigación realizada durante los años en que se les concedió el permiso correspondiente, evidenciando un posible desvío de fondos destinados a la exploración legítima.

Adicionalmente, la denuncia aborda la cuestión de las actividades mineras que deberían estar bajo un permiso de investigación, pero que en realidad significan explotación de carbón. Se argumenta que la actividad en Cerredo es meramente una operación de minería del carbón, orientada hacia la venta de carbón destinado a calefacción, un mercado que la empresa ha estado atendiendo consistentemente.

En un tercer punto, se denuncia la explotación a cielo abierto en Tormaleo, lo que contradice las especificaciones para una mina de interior. Estas irregularidades han sido objeto de preocupación en la comunidad, ya que se considera que estas prácticas están en conflicto con las normativas vigentes.

En relación con el fatal accidente en Cerredo, Promining aduce que ocurrió en una área designada como Piso tercero del Mangueiro, donde, aparentemente, se estaba realizando una explotación sin las salidas de emergencia requeridas por la ley minera. Esta falta de medidas de seguridad es particularmente alarmante, dado que contradice las exigencias establecidas por la normativa.

La denuncia también indica que algunos de los fallecidos habían experimentado previamente síntomas de mareos, lo que podría estar relacionado con la presencia de gases en las instalaciones, una situación que no debería sorprender dada la falta de ventilación adecuada. Los sobrevivientes del siniestro podrían aportar información valiosa sobre estas circunstancias.

Por otro lado, se establece que Jesús Manuel Rodríguez Morán, a través de Carbones La Vega, provee carbón a la acería de ArcelorMittal, pero el carbón extraído de Cerredo no cumple con las especificaciones que lo hacen apto para la acería. Esas especificaciones parecen ser cumplidas por el carbón de Tormaleo, lo cual plantea dudas sobre la procedencia y los volúmenes de carbón suministrados.

Promining concluye su denuncia señalando una red de engaños que podría estar perjudicando a ArcelorMittal, resaltando la necesidad urgente de una investigación sobre la cadena de suministro en el sector del carbón. Todo esto se sitúa en un contexto donde la permisividad de las autoridades ante estas fallas es no solo inexplicable, sino también inaceptable. La situación actual en las minas de Cerredo y Tormaleo exige un escrutinio profundo y urgente para proteger a los trabajadores y salvaguardar la legalidad en la industria minera.