OVIEDO, 22 de julio.

En una destacada intervención, Gloria García, diputada del Partido Popular en Asturias y portavoz en temas educativos, ha alzado la voz contra la gestión del Principado en lo que respecta a la inclusión de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Acompañada de miembros de la Asociación por los Derechos de las Personas con Autismo de Asturias (ADPA), García ha manifestado que la situación actual es alarmante, asegurando que la inclusión educativa dista mucho de ser una realidad palpable en la comunidad. Para remediar esta crisis, ha reclamado la apertura de más aulas, la incorporación de personal especializado y una gestión que cumpla con las normativas vigentes.

Garcia ha puesto de manifiesto la contradicción en la atención a más de 2.800 menores diagnosticados con autismo en Asturias, de los cuales solamente 150 tienen acceso a aulas abiertas, un recurso que, lamentablemente, solo se ofrece en la etapa de Primaria. También ha señalado que hay centros que, a pesar de contar con el espacio y el visto bueno pertinente, siguen a la espera de autorización para abrir estas aulas inclusivas.

Un aspecto crítico mencionado por García es la demora en la incorporación de nuevos especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, acordada entre sindicatos educativos y el Gobierno. La diputada cuestiona que esta integración se postergue hasta abril, lo que, en su opinión, podría representar la pérdida de un año completo de atención adecuada para muchos estudiantes.

Durante el acto, Lidia Prieto, portavoz de ADPA, puso en la mesa las complejidades que viven las familias de niños autistas en el sistema educativo asturiano. Prieto enfatizó que no se puede seguir modificando los diagnósticos según la disponibilidad de recursos de los centros, argumentando que tiene que ser el sistema educativo el que se adapte a las necesidades de los estudiantes.

Además, Prieto resaltó que muchos informes no reflejan las verdaderas necesidades de los alumnos, ya que si en un centro no hay aulas abiertas, esta opción simplemente no se menciona en los documentos, aunque sea esencial para el niño.

Las familias también expresaron su descontento respecto a la carencia de personal fijo, el retraso en las sustituciones y las presiones para firmar informes psicopedagógicos sin el tiempo necesario para su análisis. Se denuncia que muchos de estos informes no reflejan las verdaderas necesidades de los alumnos, una vez más, por la falta de aulas abiertas en sus colegios.

ADPA demanda que los informes psicopedagógicos incluyan de manera clara el número de horas de apoyo requeridas, criticando el uso de términos vagos que facilitan la reducción de recursos. También reclaman mayor transparencia en la asignación de personal especializado, una inversión más significativa en educación inclusiva y que se habiliten aulas abiertas en Secundaria, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas.

Otro punto de preocupación es la tardanza en cubrir bajas del personal de apoyo, lo que deja a los estudiantes sin la atención que requieren durante períodos prolongados, un hecho que impacta negativamente en su desarrollo académico y personal.

La falta de tiempo para revisar los informes psicopedagógicos también fue otra queja recurrente. Muchas familias han manifestado que se les exige firmar estos documentos sin haber tenido la oportunidad de estudiarlos detenidamente o consultar con especialistas, algo que Prieto considera inaceptable. “Ninguna familia debería tener que firmar documentos que definan el futuro educativo de su hijo sin al menos 24 horas para su análisis”, subrayó.

Las familias exigen además que se implementen medidas de adaptación sensorial en los centros educativos, tales como la eliminación de timbres ruidosos, la creación de espacios tranquilos y una formación específica en autismo para todo el personal docente. También argumentan a favor de una gestión pública del sistema que no esté sujeta a las decisiones unilaterales de los directores de colegio. “No es justo que un director tenga la facultad de decidir sobre el acceso de un niño a recursos fundamentales”, criticó Prieto.

Prieto concluyó enfatizando que existen múltiples casos sin respuesta en Asturias, algunos de los cuales ya han sido llevados ante la justicia, alertando que la situación se repite cada año, forzando a las familias a recurrir a los tribunales o movilizarse para reivindicar derechos fundamentales. “La inclusión no es un favor, es un derecho. Si la Administración no lo garantiza, continuaremos luchando con todos los medios a nuestro alcance”, advirtió.

Desde el Partido Popular, García ha afirmado que continuarán exigiendo claridad sobre los criterios de asignación de recursos y la denegación sistemática de aulas solicitadas por los propios centros educativos. “Ni las familias ni nosotros vamos a permanecer en silencio ante este abandono institucional”, aseguró.

Para finalizar, García no dudó en criticar cómo, a su juicio, el Ejecutivo asturiano utiliza políticamente la inclusión educativa. “¿Por qué se inaugura una escuela infantil para uno o dos niños, pero no se aprueba una aula abierta que beneficiaría a cinco con TEA? ¿Es porque en un caso se pueden hacer fotos y en el otro no? Parece que con estos niños no hay oportunidad para el postureo institucional”, concluyó con ironía.