En un nuevo capítulo del 'caso Koldo', la Audiencia Nacional ha tomado medidas significativas contra la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el ex director general de Carreteras, Javier Herrero. Ambas figuras clave del ámbito del transporte en España enfrentan serias acusaciones relacionadas con irregularidades en licitaciones de obras públicas.

La decisión del juez instructor de retirar el pasaporte a Pardo de Vera y a Herrero, así como la prohibición de salir del país, llega tras sus declaraciones como imputados en el procedimiento. Estas acciones fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, que busca esclarecer la posible implicación de los acusados en una trama que podría afectar a la transparencia en la gestión pública.

Las imputaciones fundamentadas por el magistrado incluyen la pertenencia a una organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Estos cargos reflejan la gravedad de las acusaciones y subrayan la necesidad de una justicia expedita en lo que muchos consideran un escándalo que puede impactar en la confianza pública hacia las instituciones.

El avance en esta causa abre la puerta a un análisis más profundo sobre la corrupción en el sector público y pone de relieve la importancia de la vigilancia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos estatales.