El próximo lunes, a las 09:00 horas, se dará inicio a las audiencias en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés. Este juicio es de gran relevancia, ya que trata sobre un trágico accidente de autobús que tuvo lugar en septiembre de 2018, resultando en la muerte de cinco personas y dejando a una docena más heridas.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha presentado una acusación contundente, solicitando una pena de cuatro años de prisión para el conductor del autobús implicado. Además, se demanda la retirada de su licencia de conducir por un período de seis años, así como su inhabilitación para trabajar como conductor profesional durante el mismo tiempo. Las acusaciones subrayan que el chófer era consciente de su incapacidad para conducir debido a su epilepsia y a la medicación que seguía.

Este individuo, que conducía para la empresa Automóviles de Luarca SA (ALSA), estaba al volante de un autobús de la marca Setra cuando, en medio de una obra en la carretera AS-392, invadió un carril que estaba destinado a la construcción, resultando en una colisión devastadora. A plena luz del día, en condiciones de visibilidad óptima y aunque había señales que indicaban la situación de la vía, el conductor no logró evitar el siniestro, alcanzando una velocidad de 95 km/h antes del impacto.

El accidente ocurrió el 3 de septiembre de 2018, llevando a la muerte instantánea de tres hombres y dos mujeres, todos con una larga vida detrás de ellos, con edades que oscilaban entre 52 y 78 años. De los 19 pasajeros a bordo, 14 sufrieron lesiones. El conductor argumentó haber sufrido una crisis epiléptica que le impidió tomar el control del autobús en el momento crítico.

Desde 2015, el conductor había estado lidiando con un diagnóstico de epilepsia focal criptogénica, lo que lo llevó a ausentarse del trabajo durante un año. Pese a recibir seguimiento médico en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), nunca aceptó completamente su condición, temiendo que esto pudiera afectar su carrera profesional. Continuó con su tratamiento, a pesar de saber que este interfería con su capacidad para conducir.

Durante el tiempo en que se produjo el accidente, el chófer no había cumplido con los requisitos legales para poder conducir autobuses, ya que no había permanecido libre de crisis o fármacos antiepilépticos durante cinco años, tal y como le habían indicado profesionales de salud. Esta falta de comunicación acerca de su condición médica dejó a su empresa sin conocimiento de los riesgos que asumía al permitirle operar un vehículo de gran tamaño.

La Fiscalía ha calificado los hechos como cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y doce de lesiones por imprudencia grave. La acusación pide que se le impongan las penas correspondientes, que incluyen no solo el tiempo de prisión y la inhabilitación, sino también la obligación de indemnizar a las víctimas y sus familias con más de 674,000 euros, además de los intereses legales pertinentes.

Este caso no solo plantea interrogantes sobre la responsabilidad individual, sino también sobre la falta de control y regulación en el ámbito laboral. La tragedia subraya la necesidad urgente de garantizar que los profesionales en la carretera cumplen con los estándares de salud necesarios para proteger tanto a ellos mismos como a los pasajeros y otros conductores en la vía.