OVIEDO, 8 de junio.

La Asociación Empresarial de Profesionales Veterinarios del Principado de Asturias (Aemvet) y el Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa) han organizado una decisiva manifestación para este domingo en Gijón. Este evento tiene como propósito expresar el profundo "descontento y frustración" que sienten los veterinarios ante la actual situación que atraviesa su sector. La marcha comenzará a las 12:00 horas en la playa de San Lorenzo (escalera 15) y culminará en la sede del Ayuntamiento.

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han denunciado los "agravios y discriminaciones" que ha sufrido la profesión veterinaria, resaltando que estas tensiones se han intensificado de manera alarmante en los últimos seis meses. Aseguran que los problemas acumulados durante las décadas previas han llegado a un punto crítico.

Los representantes del sector explican que, a lo largo de los años, las competencias sanitarias de los veterinarios han sido absorbidas por instituciones agrícolas, lo que ha debilitado su papel ante las administraciones sanitarias. Según argumentan, el Ministerio de Agricultura y sus consejerías no priorizan la defensa de la salud pública como lo hacen los veterinarios, lo que ha causado múltiples disfunciones en el sistema sanitario.

Además, critican el "menorprecio" del Ministerio de Agricultura hacia su labor profesional, que parece desestimar su capacitación científica y técnica. Alertan que esta postura los reduce a meros "técnicos de segunda", obligados a seguir instrucciones al pie de la letra, incluso si esto pone en riesgo tanto la salud de los animales como la salud pública.

El desencadenante de esta movilización es el polémico Real Decreto 666/2023 y el sistema PRESVET, que, según los veterinarios, imponen una normativa "injusta, desmedida y burocrática", desconectada de la realidad que enfrentan en su labor diaria.

Advierten que esta nueva reglamentación podría acarrear sanciones exorbitantes, de hasta 1,2 millones de euros, por errores administrativos, lo que representa una carga inaceptable para los profesionales.

Según su análisis, esta normativa no solo amenaza la viabilidad del ejercicio veterinario, sino que pone en riesgo la salud pública al impedir un tratamiento médico individualizado y fundamentado en un criterio científico. Esto podría facilitar la proliferación de enfermedades zoonóticas, que pueden transmitirse de animales a personas, así como la aparición de resistencias.

Este real decreto se suma a una lista de agravios históricos, entre los cuales destacan la imposibilidad de los veterinarios para vender los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus pacientes y la aplicación de un IVA del 21% sobre actividades que son cruciales para la prevención y protección de la salud pública.