OVIEDO, 8 de abril. En un reciente comunicado, el sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip)-UGT ha llamado la atención sobre la necesidad de que la Administración adopte medidas “firmes, modernas y eficaces” para abordar la persistente problemática de la introducción de teléfonos móviles en el Centro Penitenciario de Asturias.

Los representantes de Acaip-UGT manifiestan que la seguridad en las prisiones no debe estar a merced solamente del esfuerzo y dedicación de los trabajadores del sistema penitenciario. “Es esencial que exista un firme compromiso por parte de las instituciones, junto con una inversión real en tecnología y una planificación estratégica adecuada”, afirman enfáticamente.

Desde el año 2020 hasta abril de 2024, se han confiscado en la prisión asturiana un total de 470 teléfonos móviles, dispositivos que están prohibidos debido a que facilitan a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, permitiendo así la continuidad de actividades ilícitas que van desde la violencia de género hasta la coordinación de redes criminales desde las mismas celdas.

“Los teléfonos móviles se han convertido en un bien de alto valor en el entorno penitenciario, generando un preocupante mercado negro que repercute seriamente en el orden interno de las instituciones”, sostienen los representantes del sindicato.

Acaip-UGT también advierte de una alarmante nueva tendencia: el uso de drones para introducir teléfonos móviles en las prisiones. Su capacidad de sobrevolar infraestructuras y entregar objetos con precisión ha convertido a estos aparatos en amenazas casi indetectables que logran eludir las actuales medidas de seguridad en los centros penitenciarios.

Ante esta situación crítica, el sindicato considera “urgente” la necesidad de realizar inversiones en tecnología de seguridad que estén a la altura de los avances en las telecomunicaciones, ya que los inhibidores de hace años, que funcionan con redes 3G, han quedado claramente desfasados.

Argumentan que el uso de teléfonos móviles es particularmente peligroso en manos de internos condenados por delitos graves, como terrorismo o violencia de género, así como aquellos pertenecientes a organizaciones criminales, cuyas comunicaciones están limitadas por razones de seguridad. “El acceso a estos dispositivos no solo les permite continuar con sus actividades delictivas, sino que también genera conflictos, deudas entre presos y episodios de violencia en relación con su tenencia”, concluyen.