OVIEDO 29 Ene.

En un esfuerzo notable por mejorar la situación laboral de aquellos que se encuentran en condiciones vulnerables, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha anunciado este miércoles la renovación de un convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo (Sepepa). Este acuerdo tiene como objetivo implementar medidas coordinadas que faciliten la inserción laboral de colectivos especialmente afectados, como los jóvenes menores de 30 años, inmigrantes y personas que perciben el salario social.

Una de las principales innovaciones de esta iniciativa será la promoción de la formación en los centros de la red de servicios para personas mayores del organismo autónomo ERA. Esta estrategia busca potenciar el empleo en el sector de cuidados de larga duración, un ámbito que requiere cada vez más profesionales a medida que aumenta el número de personas en situación de dependencia, especialmente en áreas rurales. Del Arco destacó que “en 2024, los expedientes de dependencia han superado los 51.000”, lo que subraya la urgente necesidad de profesionales cualificados.

Para asegurar una efectiva ejecución de las medidas, el Gobierno establecerá ocho grupos de coordinación que unirán los esfuerzos de los servicios de empleo y los servicios sociales tanto a nivel autonómico como municipal. La consejera estuvo acompañada de varias autoridades clave, entre ellas el viceconsejero de Ciencia, Iván Aitor Lucas; la directora general de Sepepa, Begoña López; la gerente del ERA, Nerea Monroy; y Paula Álvarez, directora general de Gestión de Derechos Sociales.

Cada uno de estos equipos estará compuesto por los directores de las oficinas de empleo correspondiente a cada área de servicios sociales, junto con dos representantes de la Consejería de Derechos Sociales y otros dos de los servicios sociales municipales. Este enfoque colaborativo pretende garantizar una respuesta integral y adaptada a las necesidades del territorio.

Entre las responsabilidades destacadas de estos grupos se incluye la identificación de acciones formativas, la creación de programas de inclusión y acompañamiento, y la promoción de ofertas de empleo desde cualquier ámbito laboral o social. También se brindará apoyo al desarrollo de proyectos públicos o privados enfocados en la inclusión laboral, lo que representa un paso significativo en la lucha contra la desigualdad y el desempleo.

“El objetivo es claro: queremos que estos equipos actúen como los ojos y los brazos de la coordinación sociolaboral en el territorio, en estrecha conexión con la Ley de Impulso Demográfico”, afirmó Del Arco, resaltando la importancia de alinear estos esfuerzos con políticas más amplias de desarrollo social.

En una fase inicial, se espera intervenir con 512 beneficiarios del salario social que sean menores de 30 años o provengan de países extracomunitarios. A estos individuos se les ofrecerá la oportunidad de participar en los itinerarios de inclusión social y laboral conocidos como Insertastur, una iniciativa recientemente lanzada por Sepepa para ayudar a aquellos que enfrentan dificultades significativas para acceder al mercado laboral.