En un firme pronunciamiento hacia la defensa de los derechos laborales, Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, ha manifestado la necesidad de asegurar condiciones de trabajo dignas y de calidad para los trabajadores. Durante su intervención en la Junta General, el responsable asturiano subrayó que esta es una prioridad innegociable.

OVIEDO, 14 de octubre. El Gobierno de Asturias está llevando a cabo negociaciones directas con la dirección de Saint-Gobain, poniendo especial énfasis en la inversión en un nuevo alto horno en la planta de Avilés, el cual estará diseñado con tecnología de vanguardia y bajas emisiones. Esta construcción es crucial para mantener la división de Glass, especialmente tras el reciente cierre de la línea de Sekurit, lo que pone en riesgo la continuidad de la actividad en esta fábrica.

Sánchez detalló que se ha formado un grupo de trabajo específico que incluye a representantes de la empresa, del Ayuntamiento de Avilés y a viceconsejeros de Industria e Infraestructuras, todo bajo la coordinación de la Oficina Económica. La finalidad de este grupo es facilitar la colaboración y acelerar la toma de decisiones necesarias para hacer realidad la instalación del nuevo horno.

Durante la sesión, el consejero señaló que el horno actualmente en operación está llegando al final de su ciclo de vida útil, lo que hace aún más urgente evitar cualquier proyecto que pueda causar demoras que pongan en peligro el futuro de la planta. Aunque no se pudo establecer una fecha concreta para la inversión, enfatizó que es prioritario que se materialice lo más pronto posible.

Además, el proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Industria, que ha mostrado su intención de apoyar la inversión con un monto que oscila entre 120 y 140 millones de euros, financiados por fondos europeos del PERTE de Descarbonización. Esta inyección de capital sería clave para el desarrollo del nuevo horno.

Sin embargo, en medio de estos avances, la diputada Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, ha expresado su preocupación por el ambiente laboral en la planta. La representación de los trabajadores ha mostrado indignación tras la propuesta de la empresa de un nuevo convenio colectivo que incluye recortes salariales del 20% y la eliminación de ciertos beneficios sociales. Tomé cuestionó la lógica detrás de estas medidas, dado que el grupo ha reportado beneficios de más de 7.200 millones de euros en 2024 y sigue demandando ayudas públicas.

Ante estas inquietudes, Sánchez aseguró que el Gobierno autonómico estará vigilante a las negociaciones laborales, reafirmando su compromiso de garantizar condiciones laborales que sean dignas, estables y de calidad para todos los empleados de la planta de Avilés.