La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha invalidado el Plan de Normalización Lingüística implementado por el Ayuntamiento de Gijón, un fallo que marca un precedente significativo tras la impugnación presentada por el Grupo Municipal de Vox.

De acuerdo con Vox, la decisión judicial señala que las intenciones del Ayuntamiento estaban orientadas a establecer la oficialidad de la Llingua sin seguir los procedimientos legales necesarios, afectando tanto a la esfera pública como a la privada y eludiendo los controles básicos que garantizan la legalidad.

La diputada y concejala de Vox en Gijón, Sara Rouco, destacó que el fallo revela un intento de asignar recursos públicos de forma ilimitada, sin justificación económica ni análisis técnico apropiado, lo que implicaría un manejo irresponsable del dinero de los ciudadanos.

Rouco considera esta resolución como una victoria para la ciudadanía de Gijón frente a lo que califica como “sectarismo lingüístico” promovido por la izquierda. “Hasta cinco magistrados han confirmado nuestras denuncias previas: el Ayuntamiento cometió una clara ilegalidad al intentar imponer la oficialidad de la Llingua sin el respaldo legal necesario”, subrayó.

La concejala hizo hincapié en que la sentencia ha puesto de manifiesto una intención de crear “una obligación encubierta” tanto en el sector público como en el privado, sin el correspondiente control fiscal.

Además, Rouco afirmó que su partido es el único que ha defendido de manera contundente los intereses de los gijoneses frente a lo que considera un despilfarro ideológico. “Este fallo es una advertencia contundente para quienes pretenden utilizar las instituciones como plataformas para sus experimentos ideológicos”, concluyó.