OVIEDO, 2 de noviembre. En un reciente estudio encargado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), se revela que las cerca de 600 empresas de economía social en la región aportan significativamente al tejido económico, generando anualmente más de 380 millones de euros y creando en torno a 5.000 empleos. Este sector representa aproximadamente el 4,5% del valor añadido bruto de la economía asturiana.

El análisis, realizado por la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata), pone de manifiesto el potencial de este ámbito en un momento crucial para la transición ecológica y el avance hacia modelos de economía circular. Asimismo, se sugiere la necesidad de llevar a cabo una revisión de la legislación actual para actualizar el marco regulador que rige este sector, según la información proporcionada por el Gobierno de Asturias.

El informe clasifica diferentes tipos de entidades presentes en Asturias, que incluyen cooperativas, mutualidades, fundaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación, subrayando la diversidad de iniciativas en el campo de la economía social.

En términos de sectores, la economía social se distribuye en diversas actividades, destacando los servicios sociales y de cuidados personales (35% de las entidades), comercio, hostelería y turismo (25%), industria y construcción (15%), agroalimentación y economía circular (15%), así como educación, cultura y deporte (10%).

El informe resalta que el modelo de la economía social se distingue por su enfoque centrado en las personas y el desarrollo local. Este modelo se ha demostrado efectivo para crear empleo estable y de calidad, así como para fomentar la fijación de población en áreas rurales y promover la innovación social. Cabe destacar que un 40% de las empresas en este sector se ubican en concejos rurales.

Además, se valora el compromiso con la diversidad y la inclusión laboral, ya que el 35% de los trabajadores en la economía social pertenecen a colectivos con necesidades específicas de inclusión.

Otro dato importante es que la tasa de supervivencia de estas empresas es del 75%, un porcentaje que supera considerablemente la media del 50% que caracteriza a las pequeñas y medianas empresas (pymes), a pesar de que muchas de ellas son de reducido tamaño.

Por otro lado, el informe también pone de relieve el enfoque de la economía social hacia la implementación de nuevos modelos de gobernanza, así como su progreso hacia la igualdad de género en posiciones de liderazgo, donde el 48% de los cargos directivos son ocupados por mujeres.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ya está trabajando en las recomendaciones presentadas en este estudio para desarrollar una ley autonómica que regule la economía social y modernizar la normativa relacionada con cooperativas. Entre las propuestas se incluyen iniciativas relacionadas con la digitalización, el impulso al relevo generacional y la creación de una marca regional que distinga a las empresas asturianas del sector.