Lastra acusa a Vox de querellarse sin mirar la fecha de su cese

Adriana Lastra, cabeza de lista del PSOE por Asturias al Congreso, ha respondido a Vox con una exigencia clara: que rectifique. La formación anunció una querella contra ella por los incidentes del acto de Santiago Abascal en Avilés el 21 de octubre, y la socialista asegura que la acusan de algo que no podía hacer.

El punto central es una fecha. Según Lastra, el Consejo de Ministros aprobó su cese el 20 de octubre y el Boletín Oficial del Estado lo publicó al día siguiente. Es decir, cuando ocurrieron los incidentes ya no era delegada del Gobierno. Vox, sin embargo, la señaló como si lo fuera.

¿Por qué importa esto a alguien que no sigue la política? Porque cuando un partido acusa a un cargo público de algo que se puede comprobar en cinco minutos en internet, lo que está en juego es la confianza en quien informa y en quien denuncia. Un dato tan básico marca la diferencia entre una discusión política y una acusación sin base.

Lastra también pone el foco en la Policía Nacional. Recuerda que el jefe superior de Asturias defendió públicamente el dispositivo desplegado en Avilés y dijo que la valoración del riesgo fue adecuada y que la intervención evitó enfrentamientos entre grupos. Para ella, cuestionar ese operativo es cuestionar el trabajo de los agentes, que no deberían servir de munición en la pelea partidista.

Para el ciudadano de a pie, la consecuencia práctica es sencilla: si quieres saber qué pasó en Avilés, conviene contrastar las versiones con fuentes oficiales como el BOE o las declaraciones de la Policía, y no quedarte solo con lo que se comparte en redes. Lo mismo vale para cualquier acusación de tu partido favorito o del rival.

Ahora mismo, Lastra exige rectificación y avisa de que, si Vox mantiene las acusaciones, se reserva acciones legales. Lo previsible es que la querella siga su curso judicial mientras se cruzan declaraciones. Quien esté afectado por este tipo de enfrentamientos, especialmente quienes acudan a actos públicos, tiene derecho a informarse con datos verificados y a exigir que las responsabilidades se atribuyan con pruebas.