Medio Ambiente rechaza dimisiones y asegura que el informe sexenal sobre el lobo sigue en espera de divulgación.

En Madrid, el 2 de julio, el debate sobre la gestión del lobo está tomando dimensiones políticas significativas. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, ha rechazado las acusaciones de algunas comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular en relación con el último informe sexenal sobre esta especie. Morán afirmó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no ha hecho público dicho informe antes de enviarlo a las comunidades para su análisis previo a su discusión en la Conferencia Sectorial.
En respuesta a un mensaje del Gobierno de Cantabria, que ha solicitado su dimisión basándose en la supuesta divulgación prematura del informe, Morán se defendió en la plataforma 'X', enfatizando que no es necesario recurrir a la desinformación para plantear su cese. La polémica surge luego de que el Ejecutivo cántabro hiciera referencia a la falta de aprobación oficial del informe antes de su publicación.
La región cantábrica, junto con otras diez comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, todas bajo la administración del PP, emitió una carta a la ministra Sara Aagesen tras una reciente reunión de la Comisión Sectorial de Medio Ambiente. Según la misiva, los representantes de estas comunidades expresaron su descontento por lo que consideran un manejo inapropiado de la situación, aludiendo al tono hostil de la reunión y las tensiones que surgieron durante el encuentro.
El contenido de la carta, al que tuvo acceso Europa Press, critica la decisión de Morán de intentar abrir un debate sobre el informe del lobo, a pesar de que la presidencia de la Comisión había informado previamente que el análisis del documento se llevaría a cabo en una reunión futura programada para el 11 de julio. Esta controversia se intensificó cuando, según la carta, Morán se retiró de la reunión sin ofrecer clarificaciones, mientras los miembros de la Comisión recibían información que indicaba que el informe establecía un estado de conservación desfavorable para la especie.
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