En la ciudad de Oviedo, el 29 de septiembre, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha planteado serias preocupaciones respecto a las complejidades económicas y legales que podría conllevar un eventual rescate de las autopistas AP-9 y AP-66. Este anuncio se produce en medio de un contexto en el que la Comisión Europea había señalado en un dictamen reciente que las prórrogas concedidas no se ajustaron a las normativas vigentes, motivo por el cual el Ministerio de Transportes ha decidido presentar alegaciones en lo que Santano considera una defensa del interés colectivo.

Santano no ha ocultado su irritación hacia el Partido Popular, a quien acusa de ser el responsable de la ampliación de las concesiones. En su intervención, señaló que las concesiones de las mencionadas autopistas deberían haber vencido de forma natural en 2021 y 2023, pero se prorrogaron sin justificación adecuada. En este sentido, instó a los miembros del PP a proceder con humildad y ofrecer disculpas al público por sus críticas actuales a la situación de los peajes.

El secretario de Estado advirtió que cualquier intento de rescatar estas concesiones conlleva "implicaciones jurídicas y económicas milmillonarias". Además, subrayó que, en última instancia, el costo de este rescate correría a cargo de los ciudadanos, quienes son los verdaderos responsables de financiar tales operaciones. Esto pone de manifiesto la necesidad de tener un enfoque más claro y humano en las decisiones referentes a la infraestructura pública.

Durante un acto en Asturias y Cantabria, Santano fue preguntado sobre si sería más ventajoso rescatar los peajes o potenciar un sistema de bonificaciones. Su respuesta, que equiparó la situación a una hipoteca, planteó la cruda realidad de optar entre cancelar la deuda o continuar asumiendo los pagos, dejando entrever la dificultad de tomar decisiones en un escenario económicamente complicado.

El secretario también hizo hincapié en la duración restante de las concesiones y la complejidad de los contratos, que involucran a inversionistas de diversas nacionalidades. "Modificar o rescindir esos acuerdos no es una tarea sencilla", expresó, augurando que el camino hacia una solución no será inmediato ni fácil.

A pesar de las dificultades, Santano reafirmó el compromiso del Gobierno con el diálogo abierto hacia la Comisión Europea y la presentación de alegaciones. "Seguimos trabajando en pro del interés general", insistió, dejando claro que se está llevando a cabo un proceso exhaustivo y responsable.

En medio de la confusión, el secretario pidió paciencia y entendimiento por parte de la ciudadanía y los actores políticos, reconociendo que la solución a los problemas de las autopistas es un proceso intrincado y en desarrollo. "Todavía no hemos llegado al final de este camino", concluyó, evidenciando la postura cautelosa del Gobierno en un asunto que ha generado un debate significativo.

Como parte de un paquete de infracciones, la Comisión Europea emitió en julio un dictamen motivado que exigía a España cumplir con las regulaciones europeas de contratación pública, especialmente en casos como la concesión de las autopistas mencionadas. Las prorrogas de las concesiones a 25 y 29 años, así como la posterior venta de las empresas gestoras sin un proceso de licitación claro, han sido objeto de este pronunciamiento.

La Comisión justificó su posición citando principios de igualdad de trato y transparencia esenciales en la normativa europea, indicando que las prórrogas estipuladas son modificaciones sustanciales que deberían haber seguido un procedimiento de licitación adecuado. Tras enviar el dictamen a España, la Comisión otorgó un plazo de dos meses para que se tomaran las medidas necesarias.

A medida que el Ministerio de Transportes responde a estas preocupaciones con alegaciones, la situación de los peajes permanece en el limbo, reflejando las tensiones y complicaciones inherentes a la gestión de la infraestructura pública en el país.