OVIEDO, 22 de octubre.

El Ejecutivo asturiano ha dado un paso significativo al implementar una nueva legislación que prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas energéticas a jóvenes menores de 16 años. Este proyecto será enviado en breve a la Junta General para iniciar su discusión y aprobación parlamentaria, con la intención de "salvaguardar la salud de este grupo poblacional y crear conciencia sobre los riesgos que conllevan estos productos".

Desde la Consejería de Ordenación de Territorio y Derechos Ciudadanos, se estima que alrededor de 30.000 jóvenes de entre 12 y 16 años son consumidores potenciales de estas bebidas, según la información proporcionada por el Principado en un comunicado oficial.

- A partir de la entrada en vigor de esta norma, se obliga a los comercios a situar las bebidas energéticas en zonas específicas dentro de sus locales, y tanto minoristas como establecimientos de hostelería deberán verificar la edad de los clientes. Las máquinas expendedoras también deberán contar con mecanismos de control de edad.

- En cuanto a las sanciones, se establecerán normas similares a las ya vigentes para la venta y consumo de tabaco y alcohol, salvo en casos de infracciones muy graves. No obstante, las posibles multas para los menores de 16 años que infrinjan esta ley serán excepcionales, priorizando en su lugar acciones educativas y preventivas, en búsqueda de una respuesta justa y formativa.

- Las sanciones podrían ir desde un simple apercibimiento y multas de hasta 600 euros por infracciones leves, hasta multas de 10.000 euros por infracciones graves, y en los casos más serios, el cierre de establecimientos. Este último tipo de penalización se aplicará en casos de venta o distribución a gran escala, lo cual podría conllevar multas de hasta 100.000 euros.

La normativa ha sido desarrollada mediante un enfoque participativo, con la colaboración de diversas áreas de la Administración regional, así como de padres y madres, profesionales de la salud, educadores, estudiantes, organizaciones juveniles y sindicatos, garantizando un marco inclusivo que refleje múltiples perspectivas.

Desde el Gobierno asturiano se advierte que el aumento en la disponibilidad y el consumo de bebidas energéticas entre los menores de 16 años "constituye un serio problema de salud pública que requiere la creación de una ley que prevenga posibles daños".