OVIEDO, 1 de octubre.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado este miércoles que la reducción del peaje de la AP-66 en el Huerna está directamente relacionada con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Sin estos presupuestos, se puede olvidar", advirtió.

En una rueda de prensa, Barbón recordó que el reciente manifiesto aprobado por la Alianza por las Infraestructuras aboga por la eliminación total del peaje, subrayando que esta acción requiere financiamiento que solo puede provenir de los presupuestos.

El presidente reafirmó su compromiso de acabar con el peaje y pidió la unión de todos los asturianos en esta "lucha histórica". "Es fundamental que estemos juntos en la defensa de nuestra tierra", afirmó.

Barbón también destacó que la Comisión Europea ha dejado claro que la prórroga del peaje, establecida durante el mandato del Partido Popular, es ilegal. "No vamos a entrar en números. Lo que discutimos aquí es una cuestión de legalidad", afirmó, enfatizando que "el peaje se eliminará", aunque aún no se conozca el momento exacto.

El presidente dijo que el Gobierno del Principado empleará “todos los mecanismos” y acciones tanto administrativas como políticas y legales para lograr la supresión del peaje. "No hay duda de que lucharemos hasta el final", aseguró, además de invitar a la ciudadanía a participar en la movilización programada para el 17 de octubre.

Cambiando de tema, al referirse a la posición de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, Barbón aclaró que "ella representa las posturas del Gobierno de España, que es su deber". "No es la embajadora de Asturias, sino la voz del Gobierno central", subrayó.

En otro contexto, Barbón expresó su asombro por la reticencia del PP a pedir disculpas por la prórroga del peaje establecida por el exgobierno de Aznar hasta 2050. "No tengo inconveniente en diferir del Gobierno de España cuando se trata de los intereses de Asturias", comentó, manifestando su "sorpresa" ante la falta de voluntad para cuestionar decisiones de un Gobierno propio tomadas hace más de dos décadas que, según la Unión Europea, son ilegales.