El diputado de Sumar, Rafael Cofiño, ha tomado la decisión de llevar ante el Congreso y el Ministerio de Función Pública el actual dilema que enfrentan los trabajadores de la Administración asturiana en relación a la jubilación parcial.

CCOO Asturias ha emitido una alarmante declaración este viernes, señalando que la opción de jubilación parcial para el personal laboral de la Administración en Asturias está, en la práctica, "suspendida" debido a un decreto estatal que se aprobó en diciembre de 2023. Marcos Rodríguez, vocal de la Comisión Ejecutiva de CCOO Asturias, ha expuesto que la nueva normativa impone que el reemplazo del trabajador que se jubila de manera parcial debe ser un empleado fijo, algo que resulta prácticamente inalcanzable dada la duración de los procesos selectivos: "Esta Administración no es capaz de organizar oposiciones en menos de dos años".

Rodríguez ha subrayado que el problema no es de naturaleza legal, sino de mala gestión. "La jubilación parcial sigue existiendo, pero la Administración no puede implementar su aplicación conforme al decreto", ha señalado. De acuerdo a sus estimaciones, alrededor de 80 empleados podrían beneficiarse anualmente de este derecho, que está recogido en el convenio colectivo desde el año 2005 y que actualmente es un derecho reconocido para 232 trabajadores.

Por su parte, Paula Álvarez, delegada sindical de Servicios Sociales, ha señalado que la negativa a las solicitudes provoca un "efecto tapón", obstaculizando el necesario relevo generacional en el servicio público. Actualmente, CCOO ha calculado que al menos 30 solicitudes permanecen sin respuesta favorable en las consejerías.

Álvarez ha resaltado que a muchas personas se les deniega el acceso a la jubilación parcial, un derecho establecido en el convenio colectivo desde 2005. Esta situación tiene un impacto aún más significativo en sectores con una alta representación femenina y que requieren un esfuerzo físico considerable, como en residencias de ancianos, centros para personas con discapacidad y trabajos en cocina o tareas operativas.

Durante una reciente rueda de prensa, Cofiño ha manifestado que su grupo político llevará esta problemática al Congreso y se dirigirá al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. En su discurso, el diputado crítico con la gestión laboral del Partido Popular, también defendió los progresos logrados por el actual Gobierno en la reducción de la temporalidad laboral.

El diputado recordó que durante la administración de Mariano Rajoy se produjo una disminución del gasto en educación pública superior a los 2.000 millones de euros, lo que llevó a que más de 726.000 hogares cayeran en la pobreza energética. Asimismo, recalcó que en 2017 la temporalidad laboral en España alcanzó cifras del 27%, el doble de la media europea, con un 93% de contratos temporales. Sin embargo, en 2024, los contratos indefinidos ya representan un 41% de los firmados.

Cofiño también mencionó que la reforma laboral del PP en 2012 "limitó considerablemente la jubilación parcial" y ha instado a que se trabaje para restaurar este derecho de forma plena y efectiva. Ha asegurado que llevará este asunto al ministerio correspondiente y a la Presidencia, comprometiéndose a realizar todas las gestiones necesarias en el Congreso. "No hay duda de la relevancia que tiene la jubilación parcial en este momento", concluyó.