OVIEDO, 17 de abril. Una nueva controversia ha surgido en el ámbito ambiental, ya que la organización Ecologistas en Acción ha hecho un llamado urgente al Instituto para la Transición Justa (ITJ) para que realice una auditoría inmediata de las subvenciones concedidas a Combustibles Asturiana y Leonesa. Esta empresa está llevando a cabo actividades en una mina que, según lo estipulado por la ley y los compromisos asumidos por el Estado español, debería estar cerrada en este momento.

En su petición, Ecologistas en Acción recuerda que fue el propio ITJ el que en octubre de 2020 advirtió al sistema judicial acerca de los potenciales riesgos legales, sociales y económicos que conlleva la venta de activos mineros sujetos a planes de cierre. Esta advertencia también fue respaldada por la Agencia Tributaria, lo que añade un peso significativo al argumento de la organización ecologista.

A pesar de estas advertencias, en octubre de 2021 la explotación en cuestión fue adquirida por una nueva empresa. Un notario advirtió explícitamente sobre las obligaciones asociadas al cierre minero. Sin embargo, de manera sorprendente, el ITJ concedió ayudas públicas a la nueva entidad, contradiciendo sus propios informes previos, como han señalado desde Ecologistas en Acción.

La preocupación de la organización radica en que esta situación podría constituir una revocación indebida de ayudas públicas y un incumplimiento notorio de las normativas europeas, específicamente la Decisión 2010/787/UE, que establece que las subvenciones deben estar condicionadas a la finalización definitiva de las actividades extractivas.

En 2020, Ecologistas en Acción ya había señalado al Ministerio de Industria, con copia a la Comisión Europea, el peligro de reactivar explotaciones cerradas. La organización advirtió sobre la posibilidad de fraudes legales ante la fragmentación artificial de unidades mineras.

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción exige la paralización inmediata de cualquier actividad minera en la explotación y solicita una investigación sobre la obligatoriedad de revocar las ayudas otorgadas a la empresa. El coordinador de la organización, Eneko Aierbe, ha subrayado que la Transición Justa no debe convertirse en un pretexto para mantener privilegios empresariales ni perpetuar un modelo extractivista que ha demostrado ser insostenible desde el punto de vista social y ambiental.