OVIEDO, 17 de octubre.

Un preocupante 20% de la población asturiana se encuentra inmersa en una situación de vulnerabilidad económica y social, según los hallazgos del reciente XV Informe del Estado de la Pobreza. Este viernes, la presidenta de EAPN Asturias, Elena Rúa, destacó que, a pesar de una ligera mejora en los últimos años, todavía hay 210.000 personas en la región que no logran ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades más básicas, que abarcan desde la vivienda hasta la alimentación y la educación.

La presentación del informe tuvo lugar en la Junta General del Principado de Asturias, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y la Exclusión Social. Entre los asistentes se encontraban la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y el director general de Agenda 2030, Juan Ponte.

Rúa explicó que la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, se ha situado en un 20,9% en el Principado. Aunque esta cifra indica una tendencia a la baja en los índices de pobreza, también señala que no se han alcanzado los niveles anteriores a la crisis económica de 2008, ni se está cerca de cumplir las metas establecidas para 2030.

Los grupos más afectados son aquellos hogares que tienen menores a su cargo, las mujeres, que enfrentan un desempleo desproporcionado, así como las personas que viven en alquiler y aquellos con alguna discapacidad.

El informe resalta que un alarmante 36,6% de los niños y niñas menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión, y que la pobreza extrema impacta al 6,1% de la población asturiana. Además, se revela que muchos hogares destinan cerca del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, lo que complica aún más la salida de esta frágil situación.

En este sentido, Rúa ha subrayado la urgencia de incrementar la inversión social, advirtiendo que, aunque necesaria, nunca es suficiente por sí sola. Ha insistido en que es fundamental aumentar esta partida para cumplir con los objetivos de reducción y erradicación de la pobreza establecidos para el año 2030.

El informe también pone de relieve el papel crucial que desempeñan las transferencias sociales y las pensiones en la protección de los sectores más vulnerables. Sin estas ayudas, se estima que casi la mitad de la población asturiana se vería atrapada en la pobreza.

En particular, las pensiones han demostrado reducir significativamente la pobreza, incluso entre aquellos menores de 65 años, con un impacto de 10,7 puntos porcentuales, casi el doble que la media nacional. Por ello, Rúa ha enfatizado que la inversión social sirve como un auténtico "escudo protector" que contribuye a prevenir un aumento drástico de la pobreza.

El XV Informe AROPE también muestra que el 25,6% de la población en el conjunto de España está en riesgo de pobreza y exclusión social, y que la pobreza severa afecta a 4,1 millones de personas en todo el país.