OVIEDO, 18 de marzo.

El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos del Gobierno de Asturias, Guillermo Peláez, ha expresado su firme apoyo a la universidad pública en una reciente sesión plenaria en la Junta General del Principado, señalando la notable disparidad con la situación de las instituciones educativas en la Comunidad de Madrid.

Peláez, al referirse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó lo que describió como un “modelo Ayuso”, que según él, lleva a una precarización económica de las universidades públicas, afectando así su capacidad para ofrecer educación de calidad.

Durante su intervención, el consejero respondió a las inquietudes de la diputada Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, quien le indagó sobre la posible llegada de universidades privadas a Asturias. Peláez reafirmó que su gobierno está comprometido con la Universidad de Oviedo, considerándola esencial para fomentar la igualdad de oportunidades y capitalizar el potencial humano de la región.

El consejero reveló que hasta ahora se tiene noticia de dos universidades privadas interesadas en establecerse en Asturias. Sin embargo, subrayó que actualmente se están llevando a cabo evaluaciones técnicas rigurosas para asegurar que se cumplen todos los requisitos necesarios, y que las decisiones políticas se tomarán una vez que se concluyan esos informes.

En su discurso, Peláez también destacó el ambicioso contrato-programa destinado a la Universidad de Oviedo, que contempla una inversión de 1.000 millones de euros, garantizando así la financiación completa del capítulo de personal que, a su juicio, es fundamental para el desarrollo académico.

El consejero no escatimó en críticas hacia el modelo instaurado por el Partido Popular y la administración de Ayuso, que, según él, perjudica a la universidad pública mediante restricciones financieras. Reiteró que todos los rectores de las universidades madrileñas han suscrito un manifiesto en contra del “estrangulamiento” financiero al que están siendo sometidas, así como la tendencia de la presidenta en favorecer a instituciones educativas privadas, incluso contradiciendo los lineamientos de la Conferencia General de Política Universitaria.