OVIEDO, 3 de agosto. El Gobierno asturiano ha tomado una postura firme al solicitar la eliminación de 118 anuncios de viviendas turísticas considerados ilegales en las principales plataformas digitales en los últimos seis meses. Esta acción se enmarca dentro de un esfuerzo por hacer cumplir la legislación regional, ya que muchas de estas ofertas no cumplían con los requisitos necesarios, como la inclusión del número de licencia correspondiente o la inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado (REAT).

Las solicitudes de retirada afectan a los portales más reconocidos del sector, incluyendo Airbnb, que se ve afectada por 106 anuncios, y Booking, con 12 casos. La vicepresidenta y consejera de Turismo de Asturias, Gimena Llamedo, ha enfatizado la importancia de estas acciones, que buscan garantizar que la oferta turística sea legal y segura, al tiempo que asegura el derecho a la vivienda y el bienestar de la comunidad.

Esta iniciativa se lleva a cabo bajo la Ley 6/2024 del Principado de Asturias, ratificada el 13 de noviembre, que actualiza una legislación sobre turismo que data de 2002. Esta reforma introduce requisitos cruciales para el control de la oferta turística, exigiendo que el número de inscripción en el REAT esté visible en los anuncios de alojamientos turísticos en plataformas digitales.

La norma, específicamente en su artículo 23.M, establece que los propietarios deben incluir este código en sus anuncios. En caso de no hacerlo, el Gobierno asturiano tiene la autoridad para solicitar la eliminación de la publicación y, de persistir el incumplimiento, imponer sanciones tanto a los anunciantes como a las plataformas, tal como estipula el artículo 71 de la ley, que califica de infracción grave la falta de presentación de la declaración responsable y el mantenimiento de ofertas ilegales tras un requerimiento administrativo.

Según fuentes gubernamentales, la implementación de esta nueva normativa, junto con un servicio de inspección turística, permitirá actuar con mayor eficacia en la protección del sector y de la población. El propósito de tales medidas es asegurar que todos los que operan legalmente tengan igualdad de oportunidades, cuidar a los usuarios y fomentar la convivencia en unidades turísticas, particularmente en aquellas áreas que sufren la presión de alojamientos no regulados.

“Una correcta regulación es la mejor forma de salvaguardar nuestra identidad: ser un destino turístico de calidad y un territorio que merece ser disfrutado de manera responsable”, ha añadido la vicepresidenta Llamedo.