El consejero asturiano Guillermo Peláez ha hecho un llamado al Partido Popular para que respalde en la Junta General la reciente modificación fiscal que busca mejorar la situación de las clases medias, poniendo en entredicho su compromiso con estos sectores.

En una reunión celebrada el pasado lunes, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias dio luz verde a un proyecto de ley que modifica las disposiciones legales sobre tributos cedidos, centrando su atención en una reforma del IRPF destinada a aliviar la presión sobre las rentas medias y trabajadoras. Esta reforma, que también aumentará la carga fiscal para los grandes patrimonios, espera ser aprobada por la Junta General en los próximos meses.

Entre los cambios propuestos, se contempla la reducción del primer tramo del IRPF, que pasará del 10% al 9%, y un aumento del cuarto tramo del 18,5% al 19,2%. Por otro lado, las rentas superiores a 175.000 euros verán elevarse su tipo impositivo del 25,5% al 26%. Además, se aumentarán los mínimos personal y familiar en un 10%, alcanzando así el límite máximo permitido por la ley vigente.

Peláez ha enfatizado que esta reforma beneficiará al 90% de quienes declaran el IRPF en Asturias, con un enfoque especial en el 80% que tiene ingresos por debajo de los 35.000 euros, quienes podrían ahorrar un mínimo de 120 euros, cifra que podría incrementarse según su situación particular.

El impacto financiero de esta reforma se estima en 38 millones de euros, que sumados a los 70 millones provenientes de deducciones fiscales de la última campaña de la renta, resultan en beneficios fiscales que superarán los 100 millones de euros y alcanzarán a alrededor de 120.000 contribuyentes en la región.

Además, el proyecto incluye un nuevo impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP) que gravará con un 15% a los grandes tenedores de vivienda que adquieran propiedades en Asturias, mientras que el tipo impositivo general varía entre el 8% y el 10%. Se considera gran tenedor a quien posea diez o más viviendas, o más de 1.500 metros cuadrados de superficie residencial; en zonas de alta demanda, este umbral se reduce a cinco viviendas o 750 metros cuadrados.

Peláez ha calificado esta reforma como un paso hacia una "progresividad fiscal real" bajo la iniciativa conocida como "vía fiscal asturiana". Además, ha instado a la Junta General a darle el visto bueno para que los cambios sean efectivos desde la declaración del IRPF de 2025.

El consejero no ha dudado en cuestionar al Partido Popular, afirmando que sus propuestas anteriores de reducción del IRPF favorecían a las rentas más altas. “El Partido Popular tiene la oportunidad de demostrar si realmente defiende a las clases medias y trabajadoras. Si ese fuera el caso, no tendrían reparos en apoyar esta reforma, de lo contrario, quedará claro que su intención es beneficiar a los ingresos más altos”, concluyó.