OVIEDO, 3 de julio. Una reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha puesto en evidencia las irregularidades en el acceso a la función pública en el ámbito educativo. La corte ha anulado cuatro resoluciones emitidas por la Consejería de Educación del Principado, alegando que estas violan el principio de igualdad, mérito y capacidad, pilares fundamentales de la administración pública en España.

El sindicato ANPE Asturias ha manifestado su satisfacción por el fallo, describiéndolo como un "golpe judicial" a la gestión de la Administración autonómica. ANPE solicita encarecidamente que la Consejería no recurra esta sentencia, la cual consideran sólida y muy perjudicial para los derechos de los docentes interinos.

La acción judicial fue promovida por el bufete de abogados García Alonso y Valdeón, en representación de ANPE y varios docentes afectados. Estos educadores se vieron perjudicados en el acceso a posiciones interinas, ya que a sus listas se añadieron candidatos sin la titulación universitaria necesaria para ejercer la docencia.

El TSJA ha validado las preocupaciones planteadas, señalando que las resoluciones en cuestión propiciaron un trato discriminatorio hacia aquellos aspirantes que sí cumplían con los requisitos de titulación. Desde ANPE, se señala que este incidente representa una grave violación del principio de igualdad en el acceso a la función pública.

En agosto de 2024, la Consejería de Educación, respaldada por otros sindicatos en la Mesa Sectorial —con la excepción de ANPE—, emitió cuatro resoluciones que permitieron de manera cuestionable la inclusión de profesorado sin la titulación exigida en las listas de interinos. Todas estas resoluciones han sido ahora invalidadas por el TSJA.

Las resoluciones anuladas incluyen un Acuerdo del Consejo de Gobierno del 2 de agosto de 2024 relativo a cambios en el Acuerdo de Interinidad de 2014, además de procedimientos y listados definitivos para un proceso excepcional que arrastraba numerosas irregularidades.

Gracias a esta sentencia, los educadores afectados tienen la posibilidad de reclamar compensaciones por los daños ocasionados, tales como la pérdida de oportunidades laborales y la asignación de puestos inferiores a los que merecían. La decisión judicial obstaculiza, en la práctica, la contratación de docentes sin la titulación correspondiente, a menos que la Consejería decida presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, lo que podría acarrear mayores indemnizaciones y algún tipo de responsabilidad legal adicional por parte de ANPE.

ANPE insiste en que este fallo judicial fortalece su determinación de defender una educación pública de calidad, que se apoye en los principios de legalidad, transparencia y equidad en las oportunidades para todos los docentes.