24h Asturias.

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La Fiscalía solicita sancionar con 160 millones a Duro Felguera por supuestos sobornos en Venezuela.

La Fiscalía solicita sancionar con 160 millones a Duro Felguera por supuestos sobornos en Venezuela.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una multa de 160 millones de euros para Duro Felguera y dos expresidentes en relación con una investigación de presuntos sobornos en la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela. Además, solicita penas de prisión para varios implicados, incluido el exviceministro Nervis Villalobos.

En el escrito de acusación de 90 páginas, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa detallan las acusaciones contra 11 personas físicas y la empresa Duro Felguera. Destacan la colaboración de uno de los exviceministros procesados, Javier Ochoa Alvarado, que ha ayudado a esclarecer los hechos investigados.

El exviceministro Ochoa Alvarado podría enfrentar una pena de prisión de 3 meses y una multa de 1,6 millones de euros, mientras que los expresidentes de la empresa podrían ser condenados a 10 años y 4 meses. Se solicita también su inhabilitación para obtener subvenciones y contratar con el sector público.

Además, se piden penas para otras personas implicadas, incluidas las esposas de Villalobos y Ochoa Alvarado. Los delitos incluyen corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad de documentos mercantiles y blanqueo de capitales.

La investigación se centra en la construcción de la central termoeléctrica 'Planta El Sitio' en Venezuela en 2009, durante una crisis energética en el país. La empresa española Duro Felguera habría hecho pagos a funcionarios públicos venezolanos para obtener la adjudicación del proyecto.

Según la Fiscalía, se pagaron al menos 105,6 millones de dólares a través de sociedades interpuestas para favorecer los intereses de la empresa. Estos pagos permitieron a Duro Felguera obtener un contrato por valor de 1.500 millones de dólares.

La empresa ha negado cualquier actuación indebida, afirmando que se ha guiado por compromisos contractuales legales. Aseguran que no hay pruebas que los vinculen a actividades delictivas y han sido respaldados por informes periciales independientes.