En una reciente sesión del Pleno de la Junta General, la diputada del Partido Popular en Asturias, Cristina Vega, presentó una propuesta de ley destinada a asegurar el futuro de los botiquines farmacéuticos que ofrecen servicios en zonas rurales. Vega enfatizó la importancia de estas pequeñas instalaciones de salud, las cuales son cruciales para las comunidades aisladas y con una población mayor que no cuenta con acceso adecuado al transporte público. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los representantes del PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, mientras que Vox optó por la abstención.

La medida sugiere una modificación a la actual Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica del Principado de Asturias con el fin de hacer más flexibles los requisitos para el funcionamiento de estos botiquines. Esto incluye la posibilidad de supervisión telemática, eliminando la necesidad de contar siempre con la presencia física de un farmacéutico en el lugar.

En su intervención, Vega argumentó que los botiquines corren el riesgo de desaparecer y que su propuesta busca ofrecer atención farmacéutica en tiempo real mediante la supervisión desde una farmacia matriz, con un auxiliar presente en el establecimiento rural. Criticó un informe del Consejo de Gobierno, al que acusó de ser un simple “copia y pega” de un documento de hace cuatro años que no toma en cuenta las necesidades actuales de los botiquines.

La diputada del PP cuestionó la fundamentación del Gobierno, que alegó inconstitucionalidad respecto a su propuesta, argumentando que las sentencias citadas no abordan la regulación de estos botiquines. Además, recordó un fallo del Tribunal Constitucional de 2008 que establece que la supervisión farmacéutica no requiere necesariamente presencia física. “A cuatro años del debate anterior, parece que todavía no han comprendido esto”, sostuvo Vega.

La diputada también mencionó otras comunidades autónomas, como Aragón y Extremadura, donde modelos semejantes han estado funcionando durante más de una década sin enfrentar problemas legales. “Ambas legislaciones siguen en pie y no han sido impugnadas”, afirmó, señalando que estas iniciativas son ejemplos de viabilidad legal en la atención farmacéutica en zonas rurales.

Frente a los temores de que la norma pueda disminuir la calidad del servicio, Vega defendió que el verdadero problema radica en la falta de servicios, no en la forma en que se prestan. Aseguró que los botiquines estarían equipados con tecnología adecuada para asegurar una supervisión constante y que, en algunas regiones, la escasez de farmacéuticos es alarmante, diciendo que solo hay uno disponible en bolsa de empleo para sustituciones a corto plazo.

La parlamentaria aseveró que la propuesta no implica ningún coste adicional para la administración, sino que busca evitar sanciones millonarias para aquellos profesionales que tratan de adaptarse a una normativa que no se ajusta a la realidad. “No se trata de cambiar el modelo, sino de hacerlo viable”, argumentó, indicando que la ley es necesaria para garantizar la atención farmacéutica en áreas que están al borde de quedarse sin este servicio.

En respuesta a la propuesta, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, expresó su preocupación por las implicaciones que tendría la iniciativa, al señalar que generaría un “agravio comparativo” entre diferentes modalidades de atención farmacéutica. Cuestionó la validez de los ejemplos usados por el PP y expresó sus dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta, así como su impacto potencial en la calidad del empleo, dado que plantea reemplazar farmacéuticos por auxiliares en un modelo de supervisión a distancia.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Jacinto Braña criticó fuertemente la iniciativa, acusando al PP de querer transformar el sistema farmacéutico actual en uno que priorice la “viabilidad económica” por encima de la salud pública. Explicó que, al desvincular la calidad de la atención de la presencia del farmacéutico, se abre la puerta a una privatización encubierta, poniendo en riesgo la integridad del sistema de salud.

Por su parte, la diputada de Vox, Sara Álvarez, reconoció la relevancia de los botiquines en el contexto rural, pero manifestó sus reservas jurídicamente al considerar que la legislación nacional estipula claramente la necesidad de la presencia física del farmacéutico para la dispensación de medicamentos. Álvarez aseguró que cualquier cambio en este modelo debe realizarse a nivel estatal y no a través de normativas autonómicas que podrían causar conflictos de competencias.

Aunque admitió que es esencial que los servicios se adapten a los desarrollos tecnológicos, Álvarez insistió en que cualquier evolución debe ser coherente con el marco legal nacional para evitar crear disparidades entre las normas de las distintas comunidades autónomas.