La UCE implementará la decisión del Supremo sobre la AP-9, que considera injusto cobrar peajes completos en periodo de obras.
OVIEDO, 30 de octubre.
La Unión de Consumidores de Asturias ha decidido llevar hasta el Principado los argumentos jurídicos del Tribunal Supremo, que recientemente calificó de "abusiva y desproporcionada" la práctica de cobrar el peaje completo de la AP-9 en tramos donde las obras afectan notablemente al tráfico. La organización considera que este criterio puede aplicarse sin duda a la autopista del Huerna (AP-66).
Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE) de Asturias, subraya que esta decisión refuerza una denuncia que viene sosteniendo desde hace meses: en su opinión, el peaje de la autopista del Huerna se encuentra en un estado de ilegalidad manifiesta.
Alonso hace referencia a la reciente condena del Tribunal Supremo a la empresa concesionaria Audasa, encargada de la AP-9, que deberá reembolsar parte de los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande, realizadas entre febrero de 2015 y junio de 2018.
“La sentencia del Tribunal Supremo deja claro que es abusivo cobrar el peaje completo cuando el servicio no se está prestando en su totalidad”, destacó Alonso, añadiendo que dicho fallo es “totalmente aplicable” a la situación de la autopista del Huerna.
Alonso también recordó que la Comisión Europea ha declarado que la concesión de la autopista del Huerna es “manifiestamente ilegal”. Criticó que el Ministerio de Transportes no haya actuado en concordancia con esta declaración, afirmando que dicha desobediencia descalifica al ministro como interlocutor válido del Gobierno. Por ello, ha solicitado que el presidente del Gobierno intervenga para restaurar la legalidad.
Refiriéndose a la sentencia, Alonso ha afirmado que se inicia un proceso para acabar con el peaje de la autopista del Huerna y ha hecho un llamado a todos los usuarios para que se sumen a la reclamación colectiva que planean presentar.
Para facilitar este proceso, ha animado a los usuarios a inscribirse en el registro para reclamar las devoluciones y a aportar toda documentación pertinente, ya sea tickets, recibos de tarjetas de crédito o cualquier otra prueba válida. Este aspecto es fundamental, según ha apuntado.
“La Unión de Consumidores está decidida a presentar una demanda judicial para exigir la devolución total del peaje, con el objetivo de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lograr la nulidad definitiva del peaje, basándose en el dictamen de la Comisión Europea que ha declarado su ilegalidad desde la prórroga del 17 de octubre de 2021”, concluyó Alonso.